El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos por las irregularidades vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia. La sentencia también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses de cárcel y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio.
La Sala de lo Penal considera probado que los tres formaron parte de una organización criminal con funciones repartidas para cometer delitos de corrupción relacionados con contratos públicos adjudicados durante la emergencia sanitaria.
Según la resolución, las irregularidades afectaron a contratos por valor de 13 millones de euros para el suministro de mascarillas a través de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellos Puertos del Estado y Adif. Dichos contratos fueron adjudicados a una empresa vinculada a Víctor de Aldama.
El tribunal también da por acreditada la existencia de pagos periódicos a Ábalos, así como otros beneficios relacionados con inmuebles y contrataciones de personas próximas al exministro.
Una organización con reparto de funciones
La sentencia, dictada por unanimidad, concluye que los acusados actuaron de manera coordinada y con una estructura organizada para favorecer la adjudicación de contratos públicos durante uno de los momentos más delicados de la pandemia.
Los magistrados subrayan la gravedad institucional de los hechos y advierten del daño que este tipo de conductas provoca en la confianza de la ciudadanía hacia las administraciones públicas.
El Supremo sostiene que cuando quienes ocupan cargos de responsabilidad actúan movidos por intereses privados se debilita la legitimidad de las instituciones y se compromete la estabilidad del sistema democrático.
Aldama ve reducida su pena por colaborar
Las penas impuestas se aproximan a las reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de Ábalos y Koldo García, aunque son inferiores en el caso de Aldama. El Ministerio Público pedía 24 años para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete años para el empresario.
En el caso de Aldama, el tribunal ha aplicado una atenuante muy cualificada de colaboración por su contribución al esclarecimiento de los hechos. Además, la ejecución de su pena queda suspendida con condiciones, entre ellas no volver a delinquir, realizar trabajos en beneficio de la comunidad y presentar informes periódicos sobre su actividad.
El juicio se celebró entre abril y mayo y se prolongó durante 14 sesiones. Ábalos y Koldo García negaron los hechos y pidieron la absolución, mientras que Aldama reconoció su participación en varios delitos y colaboró con la investigación.
La sentencia supone uno de los fallos más relevantes relacionados con la contratación pública durante la pandemia y sitúa de nuevo en primer plano judicial una de las causas de corrupción más mediáticas de los últimos años.
