El Gobierno aprobará este martes, 27 de enero, en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de personas migrantes mediante real decreto, tras un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos. La medida, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afectará a extranjeros que ya se encuentran en España y busca dar respuesta a una realidad social consolidada, garantizando derechos y seguridad jurídica.
Al tratarse de un real decreto, la regularización no tendrá que ser sometida a la convalidación del Congreso de los Diputados. Desde el Ejecutivo se subraya que la iniciativa persigue ordenar la situación administrativa de miles de personas que residen en el país desde hace tiempo y que actualmente se encuentran en situación irregular.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, desveló este lunes los detalles del acuerdo durante un acto celebrado en Madrid. Según explicó, podrán acogerse a la regularización aquellas personas que acrediten su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y un mínimo de cinco meses de estancia continuada en el país. Podemos estima que la medida podría beneficiar a más de 500.000 personas.
Entre los requisitos previstos figura la ausencia de antecedentes penales relevantes. Para acreditar la permanencia en España, se admitirán documentos como el empadronamiento, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.
Con la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de devolución y las órdenes de expulsión por causas administrativas o por trabajar sin autorización. Además, una vez admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se otorgará un permiso de residencia por un año, prorrogable posteriormente a través de las vías ordinarias del reglamento de extranjería.
Desde Podemos han asegurado que velarán para que el procedimiento sea ágil y eficaz, y han defendido la regularización como una herramienta clave para proteger a estas personas frente a situaciones de exclusión y discriminación. La formación morada considera que el decreto recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, cuya tramitación parlamentaria continúa bloqueada.
La aprobación de esta regularización llega en un contexto de fuerte aumento de la población migrante en situación irregular. Según un estudio reciente de Funcas, el número de personas en esta situación habría crecido un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 en 2017 a unas 840.000 en 2025, lo que supondría el 17,2% de la población extranjera no comunitaria en España.
El propio Ministerio de Inclusión recuerda que, tras la flexibilización de los mecanismos de arraigo en mayo del pasado año, cerca de 95.000 personas regularizaron su situación hasta finales de octubre. Con este nuevo decreto, el Ejecutivo pretende dar un paso más para abordar de forma estructural uno de los principales retos sociales y administrativos del país.
