El Gobierno de España ha iniciado el proceso para extinguir la Fundación Francisco Franco, una entidad que durante casi cinco décadas ha hecho bandera del franquismo bajo el paraguas legal de una fundación. La decisión, anunciada este viernes, marca un antes y un después en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática: por primera vez, el Estado mueve ficha para acabar con una organización que exalta abiertamente la dictadura y que, según los informes oficiales, «humilla a las víctimas del régimen».
Una investigación que lleva más de un año en marcha
El Ministerio de Cultura empezó a recabar información en junio de 2024, cuando el Protectorado Estatal de Fundaciones puso la lupa sobre las actividades de la entidad. En ese momento se encargaron dos informes clave: uno al Registro de Fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que concluyeron que la Fundación vulnera tanto la Ley de Fundaciones como la de Memoria Democrática.
Con esos documentos, Cultura ha dado ahora el paso formal: comunicar oficialmente a la Fundación la apertura del procedimiento que puede acabar con su disolución. Desde este viernes, la organización dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que el caso llegue a los tribunales.
“Visión inequívocamente positiva del franquismo”
La resolución de 37 páginas firmada por el Ministerio se apoya en el informe de Memoria Democrática, que recoge análisis de la Abogacía General del Estado, de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas. El documento detalla que las actividades de la Fundación no persiguen fines de interés general y resultan “incompatibles con los valores constitucionales”.
Cultura ha revisado el contenido íntegro de su página web y de sus publicaciones, donde detectó mensajes negacionistas y revisionistas que presentan una imagen “positiva e injustificable del franquismo”. Entre los ejemplos citados se encuentra un artículo titulado “La mentira de los niños robados del franquismo”, que minimiza o niega los crímenes de la dictadura.
Fuentes de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguran que el expediente está “jurídicamente blindado” y que las pruebas son “claras y determinantes”. El Ejecutivo tiene previsto acudir a la Justicia antes de que acabe el año, sin esperar a agotar el plazo legal de nueve meses, y solicitará medidas cautelares para suspender la actividad de la Fundación mientras se tramita el caso.
El objetivo, explican, no es limitar la libertad de expresión, sino impedir que una organización con privilegios fiscales siga promoviendo una ideología contraria a los derechos humanos y a la memoria de las víctimas.
Libertad de expresión sí, apología no
La Fundación Francisco Franco ya ha manifestado en anteriores ocasiones que su disolución sería inconstitucional, apelando a la libertad ideológica. Pero el Gobierno responde con un argumento claro: “una fundación no es un altavoz ideológico, sino una entidad sujeta al interés general”. Es decir, no se trata de censurar opiniones, sino de retirar el reconocimiento jurídico a una institución que, según los informes, promueve el odio, la humillación y el revisionismo histórico.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la libertad de expresión no puede utilizarse como escudo para justificar una dictadura ni para mantener viva una estructura que ensalza la figura de Franco con fondos y beneficios propios de una fundación legal.
