La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenándolo a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo. El fallo, adelantado por la agencia EFE, impone también una multa de 7.200 euros al considerarlo autor de un delito de revelación de datos reservados.
La condena llega apenas una semana después de que finalizase el juicio, el primero en la historia democrática de España que sentaba en el banquillo a un fiscal general en ejercicio. El motivo del proceso ha sido la filtración de un correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía la comisión de un fraude a Hacienda para intentar llegar a un pacto.
Según la información facilitada por EFE, la resolución del alto tribunal no se limita a la pena de inhabilitación y multa. El Supremo ha fijado además una indemnización de 10.000 euros que García Ortiz deberá abonar a González Amador en concepto de daños morales, así como el pago de las costas procesales generadas durante el juicio.
División en la Sala
La decisión no ha sido unánime. De los siete magistrados que componen el tribunal, dos han mostrado su desacuerdo con la condena. Las juezas del ala progresista, Ana María Ferrer y Susana Polo, han emitido un voto particular discrepante, distanciándose del criterio de la mayoría.
Esta falta de consenso ha tenido consecuencias procesales inmediatas: el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha tenido que asumir la ponencia de la sentencia —la redacción del texto final— ante la discrepancia de las magistradas que no comparten el fallo condenatorio.
