La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suma un nuevo capítulo. El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido no cerrar la causa y extenderla a una figura clave del Ejecutivo: la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, que deberá comparecer ante el juzgado el 12 de noviembre como investigada por posible malversación de fondos públicos, según ha informado EFE.
El auto, fechado el 4 de noviembre, confirma que el procedimiento continuará en marcha, descartando el archivo solicitado tanto por las defensas como por la Fiscalía. La decisión refuerza la instrucción que el juez mantiene abierta desde hace meses y en la que se analizan cinco presuntos delitos vinculados a la actividad profesional y las relaciones institucionales de Gómez.
Una instrucción que alcanza al núcleo de Presidencia
El magistrado introduce en la lista de investigados a Judit González Pedraz, número dos del equipo de Presidencia, a raíz de las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez, asesora de Gómez. El juzgado pretende determinar si se habrían utilizado recursos públicos en tareas ajenas a la labor institucional, un extremo que podría constituir un delito de malversación.
La causa también sigue abierta para Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, el empresario Juan Carlos Barrabés y la propia Álvarez, todos ellos implicados en distintas piezas por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.
Conexiones entre los hechos y decisión de mantener el jurado
El juez considera que los hechos guardan una relación directa entre sí y, por tanto, deben mantenerse en un único procedimiento. Por ese motivo, la investigación seguirá bajo el tribunal del jurado, al entender que los delitos están interrelacionados y deben ser valorados conjuntamente.
En su razonamiento, Peinado subraya que el origen de las actuaciones estaría ligado a las actividades profesionales y personales de Begoña Gómez, en un contexto donde confluyen responsabilidades públicas y vínculos con empresas privadas. Según el magistrado, esa relación sería clave para comprender el desarrollo de las presuntas conductas irregulares.
Delitos atribuidos a cada investigado
El magistrado detalla en su resolución los delitos que se atribuyen a cada uno de los investigados dentro de la causa. En el caso de Begoña Gómez, se mantienen las pesquisas por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.
Su asesora, Cristina Álvarez, continúa señalada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, mientras que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, figura en la instrucción por malversación de caudales públicos.
El empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul permanece investigado por tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida, y la secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, deberá responder también por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Nuevas diligencias y sin declaración del presidente
El juez ha ordenado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas testimonios y recopilación de documentación adicional, con el objetivo de clarificar los hechos investigados. Sin embargo, ha descartado la solicitud de las acusaciones para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare en calidad de testigo, al entender que no es necesario en este momento del proceso.
El magistrado recuerda que el propio Sánchez ya declinó hacerlo anteriormente, y no aprecia elementos nuevos que justifiquen volver a citarlo.
Un procedimiento con implicaciones políticas
La decisión judicial llega en plena tensión política, cuando el jefe del Ejecutivo ha reiterado públicamente que algunas de las causas que afectan a su entorno responden a una instrumentalización judicial con fines políticos.
Mientras tanto, el juzgado continúa con la instrucción y prepara la siguiente fase del procedimiento, que determinará si los hechos deben pasar a juicio. La causa, que comenzó con denuncias presentadas por asociaciones y particulares, ya implica a cinco personas vinculadas a la Administración y al ámbito empresarial.
