La ofensiva del Ministerio de Consumo contra las prácticas ilegales en el mercado del alquiler turístico suma un golpe histórico: una sanción de 64,05 millones de euros a Airbnb por la publicación de 65.122 anuncios que incumplían la normativa estatal. La resolución, ya firme y sin margen para nuevos recursos administrativos, obliga a la plataforma a rectificar y a retirar todos los contenidos ilícitos, además de hacer pública la multa.
La actuación se produce en un contexto especialmente sensible para territorios como la Costa del Sol, donde el crecimiento del alojamiento turístico ha generado un intenso debate social, económico y urbanístico. Aunque la resolución no detalla el origen geográfico de los anuncios, el volumen de infracciones refleja la magnitud del problema que el Gobierno quiere atajar a escala nacional.
Anuncios sin licencia y registros falsos
Consumo ha calificado como infracciones graves la publicación de alojamientos sin licencia, así como la difusión de anuncios que incluían un número de registro turístico falso o que no se corresponde con el del inmueble anunciado. La cuantía final de la sanción se ha fijado aplicando un criterio contundente: seis veces el beneficio ilícito estimado mientras estos anuncios permanecieron activos en la plataforma tras el apercibimiento inicial.
A estas irregularidades se suman otras relacionadas con la información contractual en los alquileres celebrados a distancia. El expediente señala que Airbnb habría omitido información esencial sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, vulnerando obligaciones básicas de transparencia para los consumidores.
Negativa a colaborar durante la investigación
El Ministerio de Consumo también sanciona la obstrucción durante el proceso instructor. Según la resolución, Airbnb se negó a facilitar datos requeridos por la administración y no cumplió las medidas provisionales dictadas mientras avanzaba el expediente sancionador. Este comportamiento ha sido incorporado como un elemento agravante dentro de la resolución final.
Reacción de Facua y contexto del mercado
Tras conocerse la multa, la asociación Facua ha celebrado la actuación del Gobierno, destacando que se trata de la segunda sanción más elevada en la historia de la protección al consumidor en España, solo por detrás de los 108 millones impuestos a una aerolínea por el recargo del equipaje de mano. La entidad pide a las autoridades autonómicas que adopten medidas similares y actúen con “contundencia” ante fraudes en el mercado inmobiliario digital.
Bustinduy: “Esta sanción no será la última”
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado que el expediente contra Airbnb no es un caso aislado. Su departamento mantiene en tramitación otros procedimientos sancionadores por prácticas que, según ha explicado, buscan “erradicar conductas abusivas en materia de vivienda”.
Bustinduy ha señalado que los 65.122 anuncios irregulares ya han sido retirados y ha defendido que la resolución demuestra que “ningún actor económico puede eludir sus obligaciones”. Además, ha vinculado estas prácticas a un problema estructural: “La especulación está secuestrando el derecho constitucional a la vivienda”.
El ministro ha recordado que la Dirección General de Consumo notificó a Airbnb la existencia de publicidad ilícita en octubre de 2024. Ante la falta de reacción de la plataforma, el expediente sancionador se inició en diciembre de ese mismo año.
