Las 96 urbanizaciones históricas de Mijas afrontan este miércoles un paso decisivo para su futura recepción municipal. El Ayuntamiento llevará al Pleno ordinario de agosto la aprobación definitiva de la nueva ordenanza que pretende regular este proceso y garantizar que sus residentes puedan acceder a los mismos servicios con independencia de la zona del municipio en la que vivan.
La Ordenanza Municipal Reguladora de la Recepción de Urbanizaciones Históricas llegará a la sesión plenaria después de haber recibido su aprobación inicial el pasado mes de marzo. El punto siete del orden del día contempla ahora resolver las alegaciones presentadas durante su tramitación antes de proceder a la aprobación definitiva del documento.
El objetivo es poner fin a una situación de inseguridad jurídica, administrativa y económica que afecta tanto a los propios residentes como al Ayuntamiento. Durante años ha existido falta de claridad sobre las responsabilidades correspondientes al mantenimiento y conservación de determinados servicios e infraestructuras de estas urbanizaciones.
Entre ellos se encuentran los viales, las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, el alumbrado y las zonas verdes. Una situación que, según la información municipal, ha perjudicado históricamente a quienes viven en estas zonas pese a tributar por los mismos conceptos, como el IBI, que los residentes de los núcleos urbanos.
Una ordenanza para regularizar una situación histórica
La normativa se apoya en los mecanismos recogidos en la legislación autonómica y, particularmente, en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que establece el marco para abordar estas situaciones consolidadas.
Con la ordenanza, el Ayuntamiento pretende establecer el procedimiento que permita avanzar en la recepción de las 96 urbanizaciones históricas existentes en el término municipal y clarificar las responsabilidades sobre los servicios que reciben sus residentes.
El proceso comenzó en enero de 2026 con una consulta pública previa que permaneció abierta durante quince días hábiles. Este trámite permitió identificar los principales problemas existentes en estas urbanizaciones y estudiar posibles alternativas para abordarlos.
La consulta se desarrolló en cumplimiento del artículo 133.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tras la aprobación inicial de marzo y el posterior periodo de alegaciones, la ordenanza alcanza ahora uno de sus últimos pasos con su aprobación definitiva prevista para el Pleno de este miércoles.
