El Ayuntamiento de Mijas ha abonado un total de 870.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tras recibir varias actas de liquidación derivadas de una investigación de la Inspección de Trabajo. El pago se debe a irregularidades en los planes de empleo de 2020 y parte de 2021, ejecutados por el anterior equipo de gobierno, en los que los trabajadores cotizaban por debajo de sus categorías profesionales.
Durante aquel periodo, se pusieron en marcha varios programas de empleo financiados con subvenciones externas. Sin embargo, los beneficiarios percibían y cotizaban por una cantidad inferior a la correspondiente a sus puestos, lo que originó la discrepancia detectada años después por la Inspección de Trabajo.
Tras la revisión, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social comunicó la anomalía tanto al Consistorio como a la Seguridad Social, solicitando además información complementaria del resto del ejercicio 2021, con la previsión de que se produzcan nuevas regularizaciones económicas.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha exigido el pago de 870.000 euros, cifra que incluye un recargo del 20%, y ya ha emitido las correspondientes cartas de pago. El Ayuntamiento ha hecho frente a esta cantidad con cargo a los presupuestos municipales de 2025, lo que ha supuesto un perjuicio directo para las cuentas locales.
Asimismo, la Inspección ha certificado que, durante aquellos años, los empleados percibieron salarios inferiores a los que les correspondían según su categoría profesional. No obstante, la posibilidad de abonar la diferencia salarial ha prescrito, por lo que no puede regularizarse a posteriori.
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha señalado que este caso refleja “cómo gestionaba el anterior equipo de gobierno, causando un grave perjuicio a las arcas municipales y, por tanto, a todos los mijeños”.
