El Ayuntamiento de Mijas ha dado el primer paso para poner fin a una situación histórica al aprobar inicialmente la ordenanza para la recepción de 96 urbanizaciones del municipio. La medida busca garantizar que todos los vecinos reciban los mismos servicios, independientemente de dónde residan.
Estas urbanizaciones, clasificadas como suelo urbano consolidado, han convivido durante años con una falta de claridad sobre quién debía asumir el mantenimiento de infraestructuras como viales, alumbrado, saneamiento o zonas verdes. Esta situación ha generado desigualdades, ya que sus residentes abonan los mismos impuestos que el resto, pero sin contar siempre con los mismos servicios.
La nueva normativa pretende acabar con esta inseguridad jurídica, administrativa y económica, facilitando la regularización de estas áreas y permitiendo mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Además, permitirá acceder a subvenciones y ayudas públicas para la mejora de infraestructuras, algo que hasta ahora resultaba complicado por la situación irregular de muchas de estas urbanizaciones.
El proceso arrancó en enero con una consulta pública previa, conforme a la normativa estatal, para recoger opiniones y definir las necesidades de la futura ordenanza. La regulación se apoya en la legislación autonómica, especialmente en la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que establece el marco para este tipo de actuaciones.
En la misma sesión plenaria también se aprobó el nuevo Plan Territorial de Emergencias de Mijas, que introduce un estado de preemergencia para anticiparse a situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre servicios como Policía Local, Bomberos o Protección Civil.
Además, se dio luz verde a una nueva tasa de 73 euros para la celebración de matrimonios civiles, así como a una modificación presupuestaria de más de 18,4 millones de euros, con partidas destinadas, entre otros, a la Policía Local, servicios municipales, instalaciones deportivas y ayuda a domicilio.
Por último, el Pleno aprobó una moción para reclamar medidas urgentes de apoyo al sector turístico ante el impacto económico derivado de la interrupción de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid, una situación que, según se ha señalado, podría afectar de forma directa a la actividad económica del municipio.
