La diputada nacional del PSOE, Isabel Pérez, ha defendido la urgente necesidad de abordar de forma conjunta la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y la quita de la deuda autonómica, al considerar que se trata de dos medidas inseparables para garantizar la equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente en comunidades históricamente infrafinanciadas como Andalucía.
Pérez ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica está caducado desde 2014, lo que ha provocado una situación prolongada de infrafinanciación estructural que ha afectado de manera especialmente grave a Andalucía. En este sentido, ha señalado que durante los gobiernos del Partido Popular entre 2011 y 2018, incluidos años con mayoría absoluta, el sistema permaneció sin reformarse pese a las reiteradas advertencias de varias comunidades sobre la insuficiencia de recursos.
Como consecuencia de este modelo y de las políticas de recortes aplicadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Andalucía sufrió una merma aproximada de 11.000 millones de euros, viéndose obligada a recurrir al endeudamiento para mantener los servicios públicos esenciales. Entre 2012 y 2018, la deuda andaluza aumentó en más de 27.000 millones de euros, no para inversiones extraordinarias, sino para sostener la sanidad, la educación y el sistema de dependencia.
Esta situación fue reconocida institucionalmente en el Dictamen sobre el modelo de financiación autonómica aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2018, fruto del consenso entre los distintos grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular. Dicho documento establecía que la solución debía abordarse de forma global, mediante una reforma profunda del sistema que garantizara suficiencia financiera, equidad territorial y solidaridad interautonómica, junto a un mecanismo de reestructuración de la deuda que compensara el sobreendeudamiento generado por años de financiación insuficiente.
Según ha subrayado Pérez, el propio dictamen advertía de que la deuda contraída para sostener los servicios públicos hipoteca los presupuestos futuros y limita la capacidad de actuación de las administraciones, por lo que su reestructuración debe entenderse como una cuestión de justicia social y de equidad entre generaciones.
Andalucía, la más beneficiada en la quita de la deuda
En coherencia con estas conclusiones, la diputada socialista ha destacado que el Gobierno de España ha presentado por primera vez una propuesta que aborda de manera conjunta ambos objetivos. En el caso de Andalucía, la quita de deuda permitiría reducir el endeudamiento en torno a 19.000 millones de euros, lo que situaría a la comunidad como la más beneficiada del conjunto del Estado, con un ahorro estimado en intereses superior a 1.400 millones de euros, recursos que podrían destinarse a reforzar los servicios públicos y la inversión.
De forma paralela, la propuesta de reforma del sistema de financiación contempla un incremento global de recursos superior a los 20.900 millones de euros, una mejora en el cálculo de la población ajustada incorporando variables reales de coste que favorecen a Andalucía, el refuerzo de la solidaridad interterritorial, la reducción de las desigualdades entre comunidades y la garantía de que ninguna autonomía verá reducidos sus recursos. Como resultado, Andalucía obtendría un aumento estimado de 4.846 millones de euros adicionales.
Pese a estos datos, Pérez ha criticado el rechazo frontal del Gobierno de la Junta de Andalucía a la propuesta de quita de deuda y ha advertido de que las declaraciones públicas del presidente de la Junta, de la consejera de Hacienda y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntan también a una oposición a la reforma del sistema de financiación, sin que se haya presentado una alternativa concreta, cuantificada y viable.
Finalmente, la diputada socialista ha recordado que el 22 de diciembre de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció al líder del Partido Popular la apertura de una mesa de trabajo para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, una propuesta que, según ha señalado, no ha recibido una respuesta constructiva por parte del PP.
