La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido que el asesinato de la mujer trans de 35 años y origen venezolano ocurrido en San Pedro Alcántara sea reconocido y tratado institucionalmente como un crimen de violencia machista. La víctima fue presuntamente asesinada por su pareja en una vivienda del núcleo sampedreño.
La asociación ha reaccionado después de conocerse que la Policía tramita las diligencias en el ámbito de la violencia doméstica y no de la violencia de género debido a que la víctima no figuraba administrativamente inscrita como mujer. ATA sostiene que esta circunstancia no debe condicionar el reconocimiento de la víctima ni la consideración del asesinato.
La presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha afirmado que la mujer ha sido víctima de «una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte» y ha criticado el retraso en la puesta en marcha del procedimiento que permite a las personas trans migrantes adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España.
ATA recuerda que la Ley 4/2023, en su artículo 50, reconoció el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a realizar esa adecuación en la documentación expedida en España. Según expone la asociación, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo para hacerlo efectivo.
ATA denuncia una «discordancia documental»
Para la organización resulta «especialmente grave» que esa discordancia documental pueda utilizarse ahora para negar a la víctima su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista que, según defiende ATA, sufrió.
«Era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer», ha defendido Cambrollé, quien considera que «una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer».
La presidenta de ATA también ha denunciado lo que considera una situación de «violencia institucional». En este sentido, critica que durante años no se facilitara a una mujer trans migrante el ejercicio de su derecho a disponer de documentación acorde con su identidad y que, tras su muerte, esa ausencia de reconocimiento documental sea utilizada para no tratarla institucionalmente como mujer.
«Primero fue víctima de la negligencia institucional, después de la violencia de su pareja y ahora no puede volver a ser víctima después de muerta», ha manifestado Cambrollé.
Cambio en el tratamiento del crimen
Ante esta situación, ATA-Sylvia Rivera se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Ministerio de Justicia y las autoridades judiciales competentes.
La asociación reclama que la víctima «sea reconocida como la mujer que era» y que su asesinato sea abordado como violencia machista. También pide establecer criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión exclusivamente registral.
La organización insiste así en que el tratamiento institucional del asesinato no debería depender de la situación administrativa de la víctima y reclama que el caso de San Pedro Alcántara sea reconocido como el asesinato de una mujer a manos de su pareja.
