Calor, fugas de agua y equipos portátiles en la Comisaría de Marbella tras una inversión de 800.000 euros

CEP Málaga reclama información sobre la instalación, la respuesta de la empresa responsable y las actuaciones previstas para solucionar las deficiencias

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Furgones de la Policía Nacional de Marbella aparcados en la comisaría/Fran Bragado

La Confederación Española de Policía (CEP) en Málaga ha denunciado deficiencias en el sistema de climatización de la Comisaría de la Policía Nacional de Marbella pese a que, según señala la organización sindical, hace aproximadamente dos años o menos que el Gobierno central realizó una inversión superior a 800.000 euros para renovar completamente el sistema de refrigeración y aire acondicionado de las dependencias policiales.

CEP sostiene que actualmente existen zonas de la comisaría sin aire acondicionado y se están produciendo pérdidas de agua en los vestuarios. La organización ha difundido imágenes en las que muestra, además, techos abiertos e instalaciones expuestas, equipos portátiles utilizados como solución provisional y diferentes deficiencias que atribuye a la instalación.

El sindicato agradece la rapidez con la que se han colocado equipos portátiles en los vestuarios para hacer frente a la situación, aunque considera que estas medidas no pueden sustituir una reparación definitiva. «Exigimos soluciones definitivas ya», señala CEP en la información difundida sobre el estado de las dependencias.

Entre sus reclamaciones, la organización policial pide conocer cuál es la situación actual del sistema de climatización, así como la respuesta ofrecida por la empresa instaladora y las actuaciones que se están llevando a cabo para corregir los problemas detectados.

CEP también reclama una «solución definitiva, no parches ni medidas provisionales» y que se garanticen unas condiciones adecuadas de salud, seguridad y confort para los funcionarios que desarrollan su trabajo en la Comisaría de Marbella.

La organización señala además que, como delegada de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), tiene derecho a recibir información sobre estas circunstancias y a ser escuchada en relación con las medidas que se adopten.

«No es aceptable que, con una inversión de más de 800.000 euros, los funcionarios tengamos que trabajar en condiciones inadecuadas», concluye CEP Málaga en su denuncia pública.