LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS OPOSICIONES DE POLICÍA LOCAL DE MANILVA PRESENTAN DENUNCIA PENAL ANTE LA FISCALÍA DE MARBELLA PARA DEFENDER SU HONOR, SU PROFESIONALIDAD Y LA LEGALIDAD DEL PROCESO SELECTIVO
Los miembros del Tribunal Calificador de las oposiciones para cubrir plazas de la Policía Local del Ayuntamiento de Manilva han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Área de Marbella-Estepona al considerar que las acusaciones y manifestaciones realizadas en los últimos días contra el órgano de selección han dañado su honor, su profesionalidad y el normal desarrollo del proceso selectivo.
Según el comunicado difundido por el propio tribunal, la decisión se adopta tras las declaraciones públicas realizadas por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manilva y por determinadas personas vinculadas al proceso selectivo, en las que, aseguran, se ha cuestionado la honorabilidad, imparcialidad y profesionalidad de sus integrantes, llegando incluso a atribuirles presuntas conductas delictivas «sin que exista prueba alguna» y solicitando la revocación inmediata del tribunal.
Los integrantes del órgano calificador sostienen que estas manifestaciones han trascendido el ámbito administrativo al difundirse en medios de comunicación y redes sociales, provocando, según indican, un grave perjuicio personal, familiar y profesional a funcionarios públicos que, afirman, han desempeñado las funciones que les fueron encomendadas con objetividad, independencia y sometimiento a la legalidad vigente.
Por este motivo, el tribunal ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que investigue si las actuaciones denunciadas pudieran ser constitutivas de una infracción penal, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercerse para proteger el derecho al honor, la dignidad y la reputación profesional de sus miembros.
En el comunicado, el órgano calificador defiende que el proceso selectivo se ha desarrollado respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad. Asimismo, considera que corresponde a las autoridades judiciales, y no a campañas de presión o manifestaciones públicas, determinar la existencia o no de posibles irregularidades.
Finalmente, los miembros del tribunal reafirman su compromiso con la defensa de la función pública y con la independencia de los órganos de selección, manifestando que continuarán actuando conforme a la legalidad y rechazando cualquier intento de desacreditarlos sin pruebas.
