Si publicábamos este jueves que vecinos de una urbanización de Manilva se vieron obligados a cerrar su piscina por la situación insostenible con los okupas, este viernes sale a la luz el golpe policial que se ha producido para desalojar unas 30 viviendas.
La intervención por parte de la policía realizó sin incidentes, excepto por un okupa que tenía un perro «agresivo» y otra mujer que convive con cuatro menores.
La notificación del lanzamiento se realizó el pasado miércoles, después de la colaboración de los propietarios, el Instituto Armado, la Policía Local, Hidralia, Endesa y el Ayuntamiento.
Aparte de la okupación de los inmuebles, también ha habido presunta defraudación de fluido eléctrico y conexión ilegal a la red de agua. Según las fuentes municipales, el juez y el fiscal han entendido que no son personas en una situación de necesidad y «sí auténticos vividores».
