Un juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de asesinar el pasado sábado a su expareja, una mujer británica de 33 años, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El detenido se entregó el mismo sábado en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde confesó haber apuñalado a la víctima en presencia de los tres hijos menores de la pareja. Ante la autoridad judicial, se acogió a su derecho a no declarar, a la espera de contar con un abogado particular, y solicitó además ser examinado por un médico para evaluar su estado mental.
La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín, con competencias en Violencia sobre la Mujer, investiga al acusado por un delito de homicidio y otro de quebrantamiento de medida de alejamiento. Asimismo, ha acordado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con sus hijos, además de la suspensión de la patria potestad.
La pareja se encontraba en trámites de divorcio
La víctima falleció a consecuencia de las puñaladas, y la pareja se encontraba en trámites de divorcio desde hacía varios meses. El matrimonio tenía tres hijos, un niño de once años y dos niñas mellizas de ocho.
El presunto autor de los hechos había sido condenado el 3 de diciembre de 2025 a cuatro meses de prisión por quebrantar una orden de alejamiento, impuesta en una causa por vejaciones, amenazas y maltrato, aún pendiente de juicio. La entrada en prisión quedó suspendida durante dos años, condicionada a no cometer nuevos delitos.
Esa condena derivaba de unos hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025, cuando la ahora fallecida denunció a su pareja por agresión, amenazas de muerte e insultos. Tras tomar declaración a ambos, el juzgado acordó la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio, además de atribuirle el uso de la vivienda familiar y fijar una pensión de manutención para los menores.
Con anterioridad, en marzo de 2024, el acusado ya había sido condenado por un delito leve de amenazas, con una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, prohibición de portar armas y una orden de alejamiento de cuatro meses, que fue cumplida antes de que la pareja retomara la convivencia.
