La okupación ilegal de viviendas vuelve a situarse en el centro del debate político en Málaga. La presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha asegurado que la provincia registra más de 450 okupaciones de viviendas cada año, una cifra que, según ha señalado, equivale a más de un caso diario y que estaría agravando los problemas de acceso a la vivienda.
Navarro ha abordado esta cuestión durante un encuentro de trabajo con la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, donde ambas dirigentes analizaron el impacto que, a su juicio, tiene este fenómeno sobre el mercado inmobiliario y la oferta de alquiler.
La presidenta provincial de los populares ha sostenido que el temor a la okupación está provocando que muchos propietarios opten por no poner sus viviendas en alquiler. Según ha afirmado, esta situación afecta especialmente a quienes disponen de una segunda residencia o de pequeños inmuebles adquiridos como inversión o complemento a sus ingresos.
Las dirigentes del PP han vinculado esta situación a la actual legislación estatal sobre vivienda, que consideran insuficiente para proteger a los propietarios frente a posibles okupaciones ilegales.
Reclaman desalojos más rápidos
Durante el encuentro, Ana Vázquez ha defendido la necesidad de agilizar los desalojos y ha recordado la propuesta impulsada por el Partido Popular para permitir actuaciones más rápidas frente a este tipo de situaciones.
La portavoz de Interior ha insistido en que la protección de los propietarios debe ser una prioridad y ha reclamado al Gobierno central medidas específicas para afrontar tanto la okupación ilegal como el problema de la escasez de vivienda.
Asimismo, ha señalado que España arrastra un déficit de viviendas y ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para favorecer que más inmuebles salgan al mercado del alquiler.
Más medios para las fuerzas de seguridad
Durante su visita a Málaga, Vázquez también ha reivindicado un aumento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según ha expuesto, existe un déficit de alrededor de 1.200 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en la provincia y de más de 5.000 en el conjunto de Andalucía.
La diputada popular ha reclamado más recursos para combatir fenómenos como el narcotráfico, especialmente en la costa andaluza, y ha defendido el trabajo que realizan los agentes en una de las zonas más afectadas por esta actividad delictiva.
Según ha explicado el PP, las reuniones mantenidas con representantes municipales de distintos ayuntamientos malagueños han permitido trasladar diversas iniciativas al Congreso relacionadas con la seguridad, la ocupación ilegal y la necesidad de reforzar la presencia policial en la provincia.
