Piden cerrar sin condena el caso del ‘crecepelo’, un error farmacéutico que afectó a 21 niños

La absolución de los cuatro acusados llega por parte de la Fiscalía de Málaga

Justicia
Fachada del Palacio de la Justicia de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha solicitado la absolución de las cuatro personas acusadas en el conocido caso del ‘crecepelo’, en el que 21 niños de distintas comunidades autónomas recibieron minoxidil por error al ser suministrado como si fuera omeprazol en 2019. El fiscal considera que los hechos no constituyen delito y que los investigados no son responsables de ninguna infracción penal.

Así consta en el escrito presentado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se insiste en que no existe base para sostener una acusación penal. La Fiscalía ya había solicitado previamente el sobreseimiento provisional del procedimiento al entender que no había pruebas suficientes contra los investigados.

La causa se dirige contra cuatro personas y una empresa vinculada al etiquetado del producto. En concreto, los acusados son el que fuera administrador único, el director técnico y dos trabajadores relacionados con la mercantil. El juzgado acordó en su momento la apertura de juicio oral tras las acusaciones formuladas por las representaciones de los menores afectados.

Durante la investigación se determinó que el error en el suministro afectó a 21 menores de entre dos meses y siete años, residentes en Andalucía, Cantabria y la Comunidad Valenciana, quienes sufrieron perjuicios estéticos tras ingerir el producto. Sin embargo, la Fiscalía concluye que los niños no presentaron efectos adversos una vez dejaron de tomarlo y que ninguno mantiene secuelas.

Las acusaciones particulares, por su parte, mantienen posturas distintas y solicitan penas que van desde multas hasta cinco años de prisión, además de indemnizaciones por daños. Algunas de ellas piden tres años de cárcel para los investigados y una compensación de 20.000 euros por daño reputacional, mientras que otras centran la responsabilidad en la empresa y su administrador.

Pese a estas peticiones, el Ministerio Público insiste en que no procede condena alguna y solicita una sentencia absolutoria para todos los acusados, cerrando así una causa que ha estado marcada por la falta de base probatoria suficiente desde el inicio de la investigación.