Una enfermera del servicio de emergencias 061 de Málaga ha sufrido una agresión mientras realizaba la primera valoración sanitaria a una paciente en el interior de una ambulancia, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satse.
Los hechos ocurrieron durante la atención a un aviso por una persona supuestamente inconsciente. Al llegar al lugar, el equipo sanitario se encontró con varias personas en una plaza, entre ellas menores de edad, una circunstancia que obligó a dividir la intervención entre los distintos profesionales desplazados.
Según ha explicado Satse en un comunicado, mientras parte del equipo atendía a otra persona en el exterior, la enfermera permaneció sola en el interior de la ambulancia junto a la paciente para realizar la toma de constantes y la valoración inicial.
Fue entonces cuando, presuntamente, la mujer comenzó a mostrarse agresiva. El sindicato asegura que la paciente, que presentaba un bajo nivel de consciencia al ser introducida en el vehículo sanitario, habría fingido su estado y, una vez en la camilla, empezó a insultar, zarandear y tirar del pelo a la profesional sanitaria.
La situación obligó a intervenir tanto a las personas que se encontraban en las inmediaciones como a los propios compañeros de la enfermera para frenar la agresión. Finalmente, fue necesaria la presencia de la Policía Nacional, que abrió diligencias y logró resolver el incidente en un corto espacio de tiempo.
Concentración de protesta en Málaga
Tras lo sucedido, los trabajadores del servicio de emergencias han convocado una concentración de protesta para el próximo 9 de junio en la base del Centro de Salud de Huelin, con el objetivo de denunciar la situación de inseguridad que, según el sindicato, sufren los profesionales sanitarios durante el desempeño de su trabajo.
Satse ha condenado los hechos y ha reclamado medidas eficaces para prevenir este tipo de agresiones. Además, ha recordado que las agresiones a profesionales sanitarios están tipificadas como delitos de atentado contra la autoridad, con penas que pueden oscilar entre uno y cuatro años de prisión, a las que podrían añadirse otras responsabilidades penales en caso de lesiones.
El sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la protección de médicos, enfermeros y técnicos sanitarios para evitar que se repitan episodios similares durante la prestación de la asistencia sanitaria.
