La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reaccionado al veredicto del jurado popular que ha declarado la culpabilidad parcial del exmarido de Lucía Garrido por la muerte de dos hombres de origen colombiano durante un supuesto vuelco de droga ocurrido en 2009. La organización asegura que respeta la decisión adoptada por el tribunal, pero advierte de que el caso deja una reflexión de fondo sobre la lucha contra el narcotráfico en Málaga y sobre el mensaje que pueden generar determinados procedimientos judiciales vinculados a entornos criminales.
El jurado consideró al procesado culpable de dos delitos de homicidio, aunque apreció la eximente incompleta de legítima defensa. Los hechos se produjeron cuando dos hombres entraron armados en su finca junto a otras personas con la intención, según se expuso en la causa, de sustraer una supuesta cantidad importante de droga que creían que se encontraba en el interior.
Desde AUGC, sin embargo, ponen el foco en el contexto en el que se produjo aquel tiroteo mortal. “La justicia debe ser ciega, pero no puede ser amnésica”, señala la asociación en un comunicado, en el que sostiene que no se puede olvidar “quién es Manuel Alonso ni qué representa su historial para la seguridad de Málaga”.
La organización recuerda que Alonso aparece vinculado por sentencia firme a una red de tráfico de drogas y corrupción policial y considera que ese antecedente no puede quedar al margen del análisis social del caso. AUGC habla de una investigación “cuestionada” que, a su juicio, habría beneficiado al procesado.
El comunicado es especialmente duro con la interpretación de la legítima defensa en un escenario que la asociación califica como una “guardería de droga”. “Defender la legítima defensa en una guardería de droga es, de facto, validar el derecho de los narcotraficantes a proteger su mercancía con violencia”, afirma AUGC.
La asociación también asegura que durante la vista oral se produjeron situaciones que generaron “preocupación y desconcierto” entre quienes siguieron el juicio. En concreto, alude al tratamiento dado a determinados testimonios, a algunas controversias periciales surgidas en sala y a la tensión entre las distintas versiones mantenidas por las partes.
AUGC sitúa además este caso en un momento especialmente sensible por la presión del crimen organizado y por la muerte reciente de guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico. La organización sostiene que ese sacrificio debe traducirse en una reflexión colectiva y en un compromiso institucional firme frente a redes criminales “cada vez más violentas y poderosas”.
“La ciudadanía necesita confiar en unas instituciones sólidas, rigurosas y plenamente comprometidas con la defensa de la legalidad y con el apoyo a quienes arriesgan su vida en primera línea”, añade el colectivo.
Por último, AUGC traslada su reconocimiento a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que continúan combatiendo el narcotráfico en condiciones difíciles y expresa sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos recientemente en acto de servicio.
