La escena se repetía en voz baja junto a las taquillas de La Rosaleda. Entre aficionados que apuraban sus opciones para conseguir una localidad y carteles que advertían de que ya no quedaban billetes, algunos revendedores lanzaban la pregunta casi de pasada: “¿compro?, ¿vendo?, ¿te sobran?”. La fuerte demanda del Málaga C.F.-UD Las Palmas convirtió los alrededores del estadio en uno de los puntos de atención del dispositivo especial desplegado por la Policía Nacional.
El encuentro, celebrado el 10 de junio y declarado de alto riesgo, reunió a cerca de 30.000 espectadores y obligó a reforzar la vigilancia tanto dentro como fuera del recinto. La Policía Nacional movilizó cerca de un centenar de agentes en un operativo multidisciplinar en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Información, Seguridad Privada y Medios Aéreos, además de efectivos de la UIP, UPR y GAC.
Uno de los principales objetivos fue frenar la reventa ilegal de entradas, una práctica que ya había sido detectada en los días previos a través de canales digitales y redes sociales. La enorme expectación generada por el partido había disparado la demanda de localidades y, con ella, las ofertas ilícitas para acceder al estadio.
Como resultado del dispositivo, desarrollado también junto a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, los agentes propusieron para sanción administrativa a 13 personas por infracción de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos. Además, fueron incautadas 14 entradas fraudulentas, cuyo precio de venta llegaba a superar en algunos casos el 300% de su valor original.
La actuación policial permitió sorprender a varias personas in fraganti mientras realizaban transacciones económicas con aficionados en las inmediaciones de La Rosaleda. Algunos revendedores actuaban en torno a las taquillas, captando clientes mediante el boca a boca. Otros abordaban a los aficionados que llegaban tarde y comprobaban que ya no quedaban entradas disponibles. También se detectaron casos en los que, durante los días previos, algunos vendedores simulaban ser aficionados interesados en comprar una localidad para después ofrecerla con sobreprecio en las colas.
La declaración del partido como encuentro de alto riesgo por parte de la Comisión Permanente contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte implicó la aplicación de medidas especiales de seguridad. Entre ellas, la separación entre aficiones, la venta anticipada de localidades y la prohibición de vender entradas el mismo día del encuentro.
Pese a la expectación y al refuerzo policial, el partido se desarrolló con normalidad. La coordinación entre las distintas unidades permitió mantener la seguridad en los accesos y evitar incidentes relevantes durante una cita marcada por la alta afluencia de público y por el intento de algunos revendedores de aprovechar la falta de entradas disponibles.
La Policía Nacional ha recordado, de cara al próximo partido, que la reventa no está autorizada y que los principales perjudicados son los propios aficionados. Este tipo de prácticas, advierten los agentes, favorece posibles estafas, encarece artificialmente el acceso al estadio y puede generar problemas de orden público en los controles de entrada.
