En una de las operaciones contra la trata de seres humanos más relevantes de los últimos años en España, agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han logrado desmantelar una amplia y estructurada organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en diversas provincias del país. La investigación, que se inició a raíz de las denuncias de tres víctimas, ha concluido con la liberación de 162 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones inhumanas.
La operación ha permitido la detención de 37 personas en las provincias de Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante, de las cuales nueve ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial. Además, se han practicado 39 registros simultáneos en siete provincias, entre ellas Málaga, donde la red había comenzado recientemente a expandir sus operaciones.
Captación y sometimiento de mujeres vulnerables
La red criminal, que tenía su base principal en las provincias de la Comunidad Valenciana, operaba mediante un sistema de captación sistemática de mujeres, en su mayoría sudamericanas, tanto en sus países de origen como dentro del territorio español. Estas mujeres eran seleccionadas por encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad, a menudo sin permiso de residencia ni de trabajo, y eran coaccionadas para ejercer la prostitución en condiciones de absoluta dependencia y sometimiento.
Una vez captadas, las víctimas eran trasladadas a inmuebles propiedad o en alquiler de la organización, reformados específicamente para la actividad delictiva. Algunos de estos locales eran viviendas unifamiliares o locales comerciales camuflados como centros de masajes. En su interior, las mujeres vivían hacinadas, durmiendo en literas o incluso en la misma cama donde atendían a los clientes.
Control absoluto y condiciones degradantes
La red contaba con un sistema de control total sobre las víctimas. Las mujeres únicamente podían salir del inmueble dos horas al día, siempre por la mañana, y estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas. Todos los locales estaban equipados con un sistema de videovigilancia interna, que permitía a los líderes de la organización controlar en tiempo real los movimientos de las mujeres y las visitas de los clientes.
Cada inmueble tenía encargadas permanentes que ejercían funciones de vigilancia, recaudación de dinero, atención telefónica y distribución de sustancias estupefacientes a los clientes que las solicitaban. Estas encargadas también se ocupaban de imponer sanciones económicas a las mujeres por conductas que consideraran inapropiadas.
Las condiciones de habitabilidad eran deplorables. Muchos locales carecían de ventilación adecuada, estaban cerrados herméticamente y no cumplían con los estándares mínimos de higiene y seguridad. Las mujeres no solo eran explotadas sexualmente, sino que vivían en un entorno degradante, sin libertad de movimiento ni contacto con el exterior.
Una red criminal con estructura jerárquica
La organización criminal estaba estructurada en tres niveles jerárquicos claramente definidos. En la cúspide se encontraban los líderes del entramado, que además de vínculos familiares y sentimentales entre ellos, eran los propietarios o arrendatarios de los inmuebles y principales beneficiarios económicos.
El segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de supervisar los locales, coordinar a las encargadas y recaudar los beneficios generados por la actividad. Por último, en el tercer nivel se encontraban las encargadas de los inmuebles, los conductores, reformistas de los locales y distribuidores de droga.
Este sistema permitía una gestión eficaz de los recursos humanos y materiales, y garantizaba la expansión del negocio a nuevas provincias como Barcelona, Murcia, Tarragona y Málaga, donde la organización había comenzado recientemente a abrir nuevos locales destinados a la explotación sexual.
Incautaciones y bienes intervenidos
Durante la operación, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo 39 entradas y registros en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo domicilios particulares y locales utilizados para la prostitución. En los registros se han incautado 141.000 euros en efectivo, tres vehículos y numeroso material informático, además de libretas con la contabilidad detallada de cada establecimiento.
Asimismo, se ha localizado y bloqueado un importante número de bienes, tanto muebles como inmuebles, junto con más de 60 cuentas bancarias vinculadas a los investigados. El objetivo de esta intervención es garantizar el decomiso de los beneficios obtenidos ilícitamente y evitar el blanqueo de capitales.
Investigación patrimonial y blanqueo
En paralelo a la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia ha iniciado una investigación patrimonial para analizar el posible blanqueo de capitales por parte de los cabecillas del entramado. Se ha identificado a las personas físicas que controlaban las sociedades mercantiles pantalla utilizadas para canalizar los ingresos procedentes de la explotación sexual.
Las autoridades han encontrado pruebas relevantes, como ordenadores con documentación contable, correos electrónicos con instrucciones internas y libros de cuentas donde se reflejaban los ingresos diarios de cada local, así como los pagos realizados a las encargadas y las víctimas.
La investigación patrimonial continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones ni incautaciones adicionales en las próximas semanas.
Un paso firme contra la trata
Con esta operación, las fuerzas de seguridad españolas asestan un duro golpe a una de las redes de explotación sexual más activas y organizadas del país. La liberación de 162 mujeres pone de manifiesto la magnitud del problema de la trata con fines de explotación sexual, una lacra que sigue afectando a cientos de víctimas en todo el territorio nacional.
La Policía Nacional recuerda que mantiene habilitada la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda denunciar de forma anónima y confidencial este tipo de delitos. La llamada no queda reflejada en la factura telefónica.
Con campañas como “Con la trata no hay trato”, las autoridades insisten en la necesidad de la colaboración ciudadana para erradicar esta forma moderna de esclavitud que atenta contra la dignidad, libertad y derechos fundamentales de las personas.
