La Guardia Civil ha desarrollado durante 2025 una amplia operación contra los delitos urbanísticos en la provincia de Málaga, que se ha saldado con la investigación de 125 personas y la detección de 62 delitos contra la ordenación del territorio. La actuación, denominada operación “Murus”, ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) bajo la dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
En el marco de esta operación han sido investigadas 122 personas físicas y tres personas jurídicas, entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores de obra, por su presunta implicación en la ejecución de construcciones no legalizables en suelo rústico en distintos municipios de la provincia.
62 delitos urbanísticos
Las diligencias practicadas han permitido constatar la presunta comisión de 62 delitos urbanísticos, que ya han sido remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente. De forma paralela, los agentes realizaron 104 inspecciones en todas las comarcas malagueñas, que derivaron en la detección de 154 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse a los proyectos autorizados o realizar movimientos de tierras sin permiso.
Entre las actuaciones detectadas figuran la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos dentro de espacios protegidos; la instalación de casas prefabricadas con uso residencial; la ejecución de piscinas camufladas como albercas de riego; la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación urbanística o la edificación de naves de aperos posteriormente transformadas en viviendas, entre otras prácticas.
Todas las infracciones administrativas han sido puestas en conocimiento de los ayuntamientos competentes, responsables de la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. La operación ha contado además con la colaboración de los servicios técnicos municipales y de distintos organismos de la Junta de Andalucía, en una actuación conjunta destinada a proteger el suelo y garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística en la provincia de Málaga.
