Una recién nacida ingresada en un hospital de Málaga se ha convertido, involuntariamente, en la protagonista de una operación policial que ha evitado su venta. Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) han imputado a la madre biológica y a una pareja que pretendía quedarse con la niña tras pagar 3.000 euros, bajo la apariencia de una falsa paternidad inscrita en el Registro Civil.
La intervención rápida de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha sido clave para frenar el intercambio y garantizar la seguridad de la menor, que ya se encuentra protegida en un hogar de acogida.
La investigación, que ha sacudido la crónica de sucesos en la Costa del Sol, revela un plan urdido desde la desesperación y la ilegalidad. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, la pareja «compradora» se encontraba en tratamiento de fertilidad ante la imposibilidad de tener hijos propios.
Al contactar con la madre biológica, llegaron a un acuerdo económico: ella gestaría y entregaría al bebé, y ellos pagarían la cantidad acordada. Para «blanquear» la situación y evitar los controles de adopción, optaron por la vía delictiva: falsificar la filiación.
El hombre de la pareja acudió al Registro Civil junto a la madre para inscribirse como el padre biológico de la niña, un trámite que realizaron en connivencia. El objetivo era simple: una vez la pequeña recibiera el alta hospitalaria, se la llevarían a casa como hija legítima de ambos.
El plan comenzó a desmoronarse gracias a los filtros de protección infantil. La Delegación Territorial de Inclusión Social en Málaga emitió una Resolución de Desamparo Provisional sobre la menor, lo que activó la intervención de los agentes de la UPA.
Durante la entrevista de rutina en el centro hospitalario, la madre biológica incurrió en graves contradicciones sobre su relación con el supuesto padre. Estas incoherencias alertaron a los especialistas de Aprome, quienes abrieron una línea de investigación inmediata. En poco tiempo, confirmaron que no existía vínculo biológico ni sentimental entre la madre y el hombre inscrito, destapando el acuerdo económico de fondo.
La operación policial se ha cerrado con la imputación formal tanto de la madre biológica como de la pareja implicada en la compraventa. A todos ellos se les atribuyen dos infracciones penales graves. Por un lado, se les acusa de un delito contra las relaciones familiares, específicamente en su modalidad de alteración de la paternidad, tipificado en el artículo 220.1 del Código Penal.
De forma paralela, los investigados se enfrentan a cargos por falsedad documental. Según las pesquisas, la maniobra de inscribir al hombre como padre biológico en el Registro Civil supuso la modificación intencionada de «elementos esenciales» en un documento público oficial, como es el acta de nacimiento de la menor, para dotar de apariencia legal a una filiación inexistente.
