El Partido Popular de Málaga ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez “sigue dando alas a la okupación” mientras el número de casos no deja de crecer. Según la formación, en la capital malagueña los episodios de ocupación ilegal se han triplicado desde 2020, lo que refleja la magnitud de un problema que tensiona cada vez más el mercado de la vivienda.
La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, ha cargado contra la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo socialista, a la que ha calificado de “sectaria” y que, a su juicio, “beneficia a los okupas en lugar de proteger a los propietarios”. En este sentido, ha advertido de que la situación de vulnerabilidad de los dueños de inmuebles se traduce en una reducción de la oferta de alquiler, lo que repercute directamente en el aumento de los precios y agrava la falta de acceso a la vivienda.
Yeves ha reprochado al PSOE que mantenga bloqueada en el Congreso de los Diputados la denominada Ley Antiokupación del PP, aprobada en el Senado en febrero de 2024. Este texto contempla, entre otras medidas, el desalojo de okupas en un plazo de 24 horas, una iniciativa que, según la senadora, podría aliviar de forma inmediata la presión sobre los propietarios y devolver seguridad jurídica al sistema.
La parlamentaria popular ha señalado que en la provincia de Málaga existen en torno a 150.000 inmuebles vacíos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A su juicio, la okupación ilegal no solo vulnera el derecho a la vivienda y a la propiedad privada reconocidos en la Constitución, sino que también “altera gravemente la convivencia y genera problemas de seguridad en los barrios”.
En este sentido, Yeves ha reclamado reforzar el marco legal para evitar que los okupas se amparen en vacíos normativos y ha pedido al Ejecutivo “dar luz verde de manera inmediata a una norma que es justa y necesaria”. Asimismo, ha acusado al PSOE de “anteponer los intereses de sus socios al interés general de los ciudadanos”.
Frente a lo que califica de “pasividad” del Gobierno, Yeves ha puesto en valor la estrategia del PP, que además de esta ley proyecta la construcción de 10.000 viviendas protegidas en la provincia a través de los ayuntamientos. Una cifra que, según ha subrayado, aumentará gracias al nuevo decreto de la Junta de Andalucía que permite destinar parcelas de equipamiento a vivienda protegida.



