La Policía Nacional ha tramitado seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda de Ronda por autorizar presuntamente el empadronamiento fraudulento de una docena de ciudadanos extranjeros que, según la investigación, nunca llegaron a vivir en el domicilio. El objetivo de la supuesta trama era facilitar la regularización de estas personas en España mediante solicitudes de autorización de residencia.
La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda y se inició tras una información remitida por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba. Los agentes detectaron que varios ciudadanos marroquíes presentaban el mismo domicilio de Ronda en sus trámites de documentación.
Las sospechas llevaron a los investigadores a analizar la documentación del padrón municipal y a realizar diversas comprobaciones, entre ellas vigilancias discretas y gestiones en el entorno del inmueble, con el fin de esclarecer si los empadronamientos respondían a una residencia real.
Los extranjeros nunca llegaron a vivir en la vivienda
Las pesquisas permitieron comprobar que los ciudadanos extranjeros empadronados no habían convivido en el inmueble ni habían llegado a residir en la vivienda utilizada para los trámites administrativos.
Según la Policía Nacional, los inmigrantes se encontraban en situación irregular cuando realizaron las gestiones en el padrón municipal y, de acuerdo con la investigación, los empadronamientos iban a ser incorporados posteriormente junto con otros requisitos en las solicitudes de autorización de residencia.
La actuación se ha desarrollado en el ámbito administrativo, por lo que se han instruido seis expedientes sancionadores contra el inquilino del inmueble.
Multas de hasta 10.000 euros por cada empadronamiento irregular
La vigente Ley de Extranjería contempla como infracción grave que el propietario o inquilino de una vivienda autorice o consienta el empadronamiento de una persona que no resida realmente en el domicilio, lo que puede constituir un empadronamiento en fraude de ley.
Este tipo de infracción puede conllevar, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo y siempre que los hechos no constituyan un delito, sanciones económicas de entre 501 y 10.000 euros por cada persona inscrita de forma indebida.
