La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis personas por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la compraventa de vehículos de alta gama robados tanto en España como en distintos países europeos. El caso será juzgado próximamente en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.
La investigación, desarrollada por el Grupo UDYCO Costa del Sol entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, apunta a la existencia de una red especializada en adquirir automóviles sustraídos para posteriormente introducirlos en el mercado legal mediante documentación y matrículas presuntamente falsificadas.
Según el escrito de acusación, los vehículos robados en el extranjero eran adquiridos a través de un investigado actualmente en paradero desconocido, vinculado a una sociedad sin actividad con sede en Bulgaria. El objetivo era matricular los coches utilizando supuestamente documentación finlandesa falsificada para dar apariencia de legalidad a los vehículos antes de ponerlos a la venta.
Una vez en España, los automóviles eran trasladados a dos naves ubicadas en un polígono de Málaga, donde presuntamente se sustituían las placas de matrícula por otras dobladas o inauténticas. En algunos casos, incluso se modificaba el número de bastidor para dificultar su identificación.
La Fiscalía sostiene que los coches permanecían almacenados en estas instalaciones hasta que eran distribuidos a distintos puntos geográficos para ser entregados a los compradores. Los seguimientos policiales permitieron identificar a los procesados como presuntos integrantes de la organización, cada uno con una función específica dentro de la estructura.
Armas de guerra y grandes cantidades de dinero
Durante los registros practicados en las naves y en los domicilios de los investigados, los agentes localizaron varios vehículos que figuraban como robados, además de importantes cantidades de dinero en efectivo.
La investigación también permitió intervenir diversas armas de fuego. Entre ellas se encontraban una pistola ametralladora y un fusil de asalto que, según la acusación, estaban preparados para su uso.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa a tres hombres y tres mujeres de delitos de pertenencia a organización criminal, receptación y falsedad documental. Dos de los procesados también deberán responder por presuntos delitos relacionados con depósito de armas de guerra y tenencia ilícita de armas.
El procedimiento judicial considera que la red operaba de forma organizada y especializada, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la comercialización de vehículos de alta gama procedentes de actividades delictivas desarrolladas en distintos países europeos.
