Cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de su sobrina con discapacidad en Málaga

El hombre negó las acusaciones e intentó desacreditar la denuncia

La Audiencia Provincial de Málaga
La Audiencia Provincial de Málaga

La Sección de la Audiencia de Málaga ha dictado una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra un hombre por un delito de abusos sexuales cometido contra su sobrina política, quien en el momento de los hechos tenía 13 años y padecía una discapacidad psíquica reconocida. La resolución judicial considera probado que el abuso se produjo en julio de 2022, aprovechando una visita de la menor al domicilio de sus tíos, con quienes mantenía una relación de estrecha confianza.

El tribunal relata en los hechos probados que el procesado esperó a que su esposa abandonara el salón de la vivienda para dirigirse a la cocina. En ese intervalo de tiempo, el hombre comenzó a realizar tocamientos a la menor en el cuello, la espalda y en sus partes íntimas por debajo de la ropa. La Sala ha otorgado total credibilidad al testimonio de la víctima, describiéndolo como una declaración clara, rotunda y carente de ambigüedades, destacando que la menor relató lo sucedido con naturalidad y sin caer en contradicciones a pesar de su trastorno del desarrollo.

Esta versión de los hechos se ha visto reforzada por los informes periciales de forenses y psicólogos, cuyas conclusiones avalaron las manifestaciones de la niña frente a la postura del acusado. El procesado negó las acusaciones durante el juicio e intentó desacreditar la denuncia argumentando que se trataba de una invención motivada por las malas relaciones existentes entre su mujer y la madre de la víctima, que son hermanas, una tesis que el tribunal ha descartado por completo.

Además de la pena de privación de libertad, la sentencia impone al condenado una medida de libertad vigilada durante diez años, así como la prohibición estricta de comunicarse con la menor o aproximarse a ella a menos de 500 metros durante ese mismo periodo de una década. En el ámbito de la responsabilidad civil, el magistrado ha fijado una indemnización de 6.000 euros que el hombre deberá abonar al representante legal de la víctima en concepto de reparación por el daño moral causado.