La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 52 años de prisión al sacerdote malagueño Francisco J.C., conocido como el padre Fran, por agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2014 y 2018. El tribunal lo considera autor de cuatro delitos de agresión sexual, tres de ellos con penetración, además de cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.
El condenado, de 35 años y natural de Vélez-Málaga, permanece en prisión provisional desde su detención el 11 de septiembre de 2023. La Fiscalía había solicitado para él una pena de 72 años de cárcel por unos hechos que, según la acusación, consistieron en sedar presuntamente a las víctimas, agredirlas sexualmente y grabarlas mientras se encontraban inconscientes.
La resolución también fija la responsabilidad civil del acusado, que deberá indemnizar a las cuatro mujeres por las secuelas psicológicas y los daños morales sufridos.
El Obispado responderá de forma subsidiaria
La sentencia establece además que el Obispado de la Diócesis de Málaga responderá como responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones si el condenado no pudiera hacerles frente.
Durante el procedimiento judicial, la Diócesis defendió que los hechos investigados se produjeron en el ámbito privado, durante encuentros de ocio y sin relación con la actividad pastoral del sacerdote, por lo que consideraba que no debía asumir esa responsabilidad.
No obstante, antes del inicio del juicio, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, ya había manifestado públicamente que la Iglesia repararía económicamente el daño causado a las víctimas en caso de que se demostrara la culpabilidad del sacerdote, incluso si los tribunales no obligaban a la Diócesis a hacerlo.
El obispo pidió perdón antes del juicio
Con motivo del inicio de la vista oral, Satué pidió perdón «en nombre de la Iglesia» a las personas que, tanto en este caso como en otros similares, no encontraron «la comprensión y el apoyo que debieron recibir».
El obispo aseguró entonces que la Diócesis colaboraría con la Justicia para esclarecer los hechos, recordó que el sacerdote tenía prohibido ejercer el ministerio desde que se conocieron las acusaciones y explicó que el procedimiento canónico abierto contra él había quedado suspendido hasta que existiera una resolución de la jurisdicción penal.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga pone fin, en primera instancia, a uno de los casos de presuntos abusos sexuales más relevantes juzgados en la provincia en los últimos años.
