La investigación policial nunca olvidó la imagen más dura del caso: el cuerpo de una mujer oculto dentro de una arqueta en Málaga capital, después de haber pasado por un congelador, por un baúl y por una bolsa negra. Hoy, más de tres años después, la Audiencia Provincial de Málaga ha cerrado uno de los crímenes más crueles y fríos juzgados en la provincia. El tribunal ha impuesto 27 años y un mes de prisión a un joven que acabó con la vida de su madre adoptiva para robarle, con la colaboración de un menor ya condenado.
El fallo se dicta tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que consideró probado que el 25 de mayo de 2022 el acusado acudió a la vivienda de la víctima junto al menor. Accedieron sin consentimiento, tras forzar la cerradura de la puerta principal. Ya dentro, y movidos, según la Sala, por un “propósito de obtener un beneficio económico”, exigieron a la mujer que facilitara el PIN de su tarjeta bancaria para poder retirar dinero de su cuenta.
La sentencia detalla que la víctima fue atada de pies y manos, amordazada y sometida a violencia física pese a su resistencia. El acusado llegó a tirar con fuerza de la cuerda que rodeaba su cuello, siendo “plenamente consciente” de que esa acción podía matarla y aprovechando la absoluta indefensión en la que se encontraba. Tras asfixiarla, se llevaron 900 euros que tenía en su bolso.
El horror continuó después del crimen. Tanto el procesado como el menor introdujeron el cadáver en un congelador del domicilio, donde permaneció al menos dos días, mientras limpiaban la vivienda. Más tarde lo trasladaron a un trastero en una bolsa negra comprada para ese fin y, posteriormente, lo metieron en un baúl. Finalmente, tras buscar un lugar donde deshacerse del cuerpo, lo movieron en un carro y lo arrojaron dentro de una arqueta, donde sería localizado días después.
La Audiencia califica estos actos como una “absoluta falta de respeto hacia los restos mortales” de la víctima, subrayando que las acciones posteriores “excedieron de lo necesario” para ocultar el cadáver y resultan “indignas”.
Según la resolución, el acusado es responsable de asesinato, robo con violencia en casa habitada y profanación de cadáveres, imponiéndole 27 años y un mes de cárcel, con la agravante de parentesco. También deberá indemnizar con 50.000 euros a la madre biológica de la fallecida y con 15.000 euros a cada uno de sus cuatro hermanos y a su hijo. La Sala hace hincapié en que la muerte supuso un “desgarro vital, afectivo y humano” de enorme trascendencia para toda su familia.
El jurado tuvo en cuenta varias pruebas, incluida la declaración del propio acusado, que reconoció los hechos aunque alegó haber consumido drogas y presentó su defensa argumentos sobre su discapacidad intelectual. Ninguno de esos elementos ha sido admitido para reducir la pena, al considerarse que su retraso mental es leve y que su capacidad intelectual es “válida”. También se rechaza la atenuante de confesión, ya que el tribunal entiende que fue tardía y no aportó datos relevantes.
La Audiencia describe el ataque como de una violencia “excesiva, brutal y salvaje”, resaltando que no existía ningún riesgo para los agresores. La víctima, totalmente indefensa, no tuvo posibilidad de escapar ni de protegerse.
En el proceso también fueron juzgadas por encubrimiento la madre del menor y su pareja, aunque ambas han sido absueltas al concluirse que el simple conocimiento del crimen y el consejo de que se deshicieran del cadáver no constituyen ayuda material suficiente para considerarlas penalmente responsables.
