La Audiencia Provincial de Málaga ha fijado para septiembre de 2027 el inicio del juicio contra los 27 acusados en el conocido caso de la presunta red de corrupción vinculada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la provincia. La Fiscalía solicita en conjunto cerca de 380 años de prisión para los investigados, entre los que figuran ocho empleados públicos, además de gestores, asesores, empresarios y autónomos.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga y contará inicialmente con diez sesiones repartidas entre septiembre, octubre y noviembre de 2027. La vista oral arrancará el 29 de septiembre y continuará en varias jornadas durante las semanas posteriores.
La investigación apunta a la existencia de una organización que, presuntamente, operó durante unos tres años ofreciendo a gestorías y empresas la realización de trámites irregulares para agilizar expedientes, eliminar embargos, conceder aplazamientos o facilitar distintos procedimientos administrativos. Según las pesquisas, la red estaría dirigida por uno de los empleados públicos investigados.
El Ministerio Público acusa a los procesados, según el grado de participación atribuido a cada uno, de delitos de organización criminal, cohecho, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Más de 32 años de prisión para el supuesto cabecilla
La Fiscalía solicita para el supuesto líder de la trama una pena de 32 años y medio de prisión, al considerarlo responsable de los delitos de constitución de organización criminal, cohecho, falsedad, blanqueo de capitales, revelación de secretos y prevaricación.
Para el resto de acusados, las peticiones de condena oscilan entre esa pena máxima y los cuatro años y medio de prisión solicitados para una de las procesadas por un delito de blanqueo.
Las investigaciones también sostienen que la organización habría expedido certificados tributarios y digitales sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Entre ellos figurarían documentos emitidos sin la presencia obligatoria del contribuyente y certificados que reflejaban supuestamente que determinadas personas estaban al corriente de pago con Hacienda cuando realmente no lo estaban.
Una investigación iniciada tras una denuncia de la AEAT
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por la propia Agencia Tributaria después de detectar en Madrid un certificado de solvencia presuntamente falsificado que había sido utilizado en un trámite público.
A partir de ese hallazgo, la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abrió una investigación que derivó en una amplia causa judicial. En las primeras fases se estimó que la red podría haber llegado a expedir cerca de un millar de documentos presuntamente irregulares.
La operación policial se desarrolló en varias fases y concluyó con la detención de funcionarios de Hacienda, responsables de gestorías y asesorías, empresarios y autónomos. Además, los investigadores intervinieron abundante documentación que posteriormente fue analizada por especialistas de la Policía Nacional y peritos de la Agencia Tributaria.
