Una organización criminal con presencia en Málaga habría obtenido más de 30 millones de euros mediante una trama destinada a facilitar la regularización de inmigrantes a través de parejas de hecho simuladas. La Policía Nacional ha desarrollado una segunda fase de la denominada operación Vínculo, que ha dejado otras 19 detenciones y amplía una investigación iniciada en 2025.
Málaga aparece en distintos niveles de la estructura investigada. La organización estaba asentada entre Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, mientras que la mayoría de las mujeres españolas captadas para inscribirse como parejas estables de hecho procedían precisamente de la provincia malagueña.
La red podía llegar a cobrar hasta 12.000 euros por cada trámite. A cambio, introducía ilegalmente a personas en territorio nacional o les proporcionaba la documentación necesaria para acogerse a mecanismos previstos legalmente para regularizar su situación una vez que ya se encontraban de manera irregular en España.
La investigación ha permitido detectar más de 300 solicitudes de permisos de residencia obtenidos presuntamente en fraude de ley y presentados en diferentes oficinas de extranjería del territorio español. La mayoría de las parejas registradas estaban formadas por ciudadanos de origen marroquí y mujeres españolas.
Mujeres de Málaga captadas para simular las parejas
El funcionamiento de la trama estaba dividido en diferentes escalones. En la cúspide se encontraban los supuestos cabecillas, personas españolas y marroquíes que planificaban las actuaciones, captaban a otros integrantes y distribuían las funciones dentro de la organización.
En un nivel posterior estaban los captadores, encargados de localizar a mujeres españolas —la mayor parte de ellas procedentes de Málaga— para que se inscribieran como parejas estables de hecho. También asumían tareas logísticas y realizaban desplazamientos entre las provincias de Málaga y Barcelona.
Otro grupo estaba formado por los facilitadores, cuya función era obtener la documentación falsificada necesaria para presentar las solicitudes de residencia. Finalmente aparecían las denominadas «mulas», encargadas de trasladar el dinero obtenido por la organización.
El procedimiento investigado pasaba por registrar las supuestas parejas de hecho en diferentes notarías de Barcelona. Previamente se realizaba un empadronamiento en esa localidad con mujeres españolas con las que, según las pesquisas, los ciudadanos extranjeros no tenían ninguna relación personal anterior y a las que ni siquiera conocían previamente.
A través de este mecanismo conseguían la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, que habilitaba para residir durante cinco años y trabajar por cuenta propia o ajena.
Más de 300 solicitudes bajo sospecha
La operación Vínculo comenzó a principios de febrero de 2025, después de que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén recibiera información sobre varias solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales mediante supuestos matrimonios de conveniencia.
Las primeras pesquisas se centraron en parejas de hecho registradas en Cataluña relacionadas con empadronamientos en domicilios de Torredonjimeno, en Jaén.
A partir de ahí, los investigadores analizaron la documentación presentada y detectaron las más de 300 solicitudes de residencia que habrían sido conseguidas de manera fraudulenta.
La primera fase de la investigación concluyó con 46 detenciones, aunque las pesquisas continuaron abiertas ante la posibilidad de que hubiera más personas implicadas.
Otras 19 detenciones en la segunda fase
Durante el primer semestre de 2026, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Jaén desarrolló una segunda fase de la operación.
Esta nueva actuación ha terminado con 19 personas arrestadas en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Sumadas ambas fases, la operación deja hasta el momento 65 personas detenidas, mientras que la investigación continúa abierta.
Además, se ha solicitado a distintas oficinas de extranjería, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la extinción de los permisos de residencia que habrían sido obtenidos en fraude de ley.
También se ha pedido a la Agencia Tributaria la extinción de cualquier tipo de ayuda social que estas personas hubieran podido obtener mediante los delitos investigados.
La operación dibuja así una estructura de alcance nacional en la que Málaga habría desempeñado un papel relevante, tanto por la presencia de la organización en la provincia como por la captación de mujeres y los desplazamientos realizados desde territorio malagueño para sostener el entramado.
