La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La red habría facilitado más de un centenar de expedientes irregulares y llegó a cobrar entre 4.500 y 10.500 euros por cada trámite.
La operación, denominada ‘Lutasanol’, se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral.
La investigación comenzó el pasado año, cuando los agentes detectaron una estructura que captaba a personas extranjeras interesadas en obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, la organización ofrecía contratos laborales ficticios y simulaba relaciones de trabajo inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración.
Según la Guardia Civil, la red daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas habrían generado un fraude superior a los 100.000 euros.
Actividad en Málaga, Huelva, Granada, Murcia y Albacete
Aunque la organización fue desarticulada en la provincia de Almería, su actividad se extendía a otros puntos del sur y sureste del país. Los investigadores han constatado captaciones en Murcia y en distintas zonas de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Durante el registro del establecimiento que servía como centro de operaciones de la red, los agentes intervinieron abundante documentación, copias de identidad, nóminas presuntamente fraudulentas, anotaciones manuscritas sobre la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente supuestamente de los pagos realizados por las víctimas.
La Guardia Civil considera que se trataba de una red criminal interprovincial, con funciones bien repartidas entre captadores, responsables de la gestión documental y asesores encargados de dar apariencia legal a los expedientes.
El grupo habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de necesidad de personas que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
