La Policía Nacional ha detenido a 32 personas por su presunta implicación en una trama criminal dedicada a la simulación de accidentes de tráfico en Málaga con el objetivo de cobrar indemnizaciones fraudulentas. El entramado, conformado por individuos vinculados entre sí por lazos familiares y de amistad, habría defraudado a compañías de seguros por un importe total de 243.800 euros.
La investigación se originó tras la denuncia de una agencia de detectives que actuaba en representación de las compañías aseguradoras perjudicadas. Esta entidad detectó la existencia de varios partes amistosos sospechosos, lo que motivó la apertura de una investigación policial por parte del Grupo I de Delitos Económicos de la UDEF/UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.
En total, se han identificado siete siniestros simulados registrados en un periodo de ocho meses, en los que siempre aparecían personas del mismo entorno personal actuando como supuestas víctimas. Los implicados, de forma organizada, fingían colisiones entre vehículos y confeccionaban los partes de accidentes, sin presencia policial ni testigos, de manera que los siniestros resultaban creíbles a ojos de las aseguradoras.
Un fraude continuado y profesionalizado
Las pesquisas de los agentes pusieron de relieve que se trataba de una estafa masiva y continuada, que había adquirido un carácter profesionalizado. El grupo actuaba de forma estructurada, con un núcleo organizador que seleccionaba a los participantes en los siniestros simulados y se encargaba de tramitar toda la documentación falsa necesaria para reclamar las indemnizaciones.
En esta modalidad de fraude se distinguían dos niveles de participación: por un lado, quienes ideaban y organizaban los accidentes falsos, y por otro, aquellos que se prestaban voluntariamente a aparecer como implicados a cambio de un porcentaje previamente pactado sobre las cantidades obtenidas. En ambos casos se empleaban documentos europeos normalizados de declaración amistosa de accidente, rellenados con datos ficticios, que servían para dar apariencia de legalidad a los siniestros.
Uno de los elementos más reveladores de la investigación fue el análisis de los movimientos bancarios de los implicados. Con autorización judicial, los agentes accedieron a las cuentas de los sospechosos, detectando transacciones directas entre ellos, coincidentes con los pagos de indemnizaciones y el reparto de los beneficios derivados del fraude.
Sin testigos y con daños previos
Los accidentes simulados siempre se gestionaban mediante partes amistosos suscritos por las partes involucradas, sin intervención de la Policía Local ni testigos presenciales. En algunos casos, los vehículos ya presentaban daños anteriores al supuesto accidente, que eran utilizados para justificar reparaciones a cargo de las compañías aseguradoras. Estos desperfectos no se correspondían con los daños reflejados en los partes falsificados, lo que confirmó la intencionalidad fraudulenta.
Además, se constató una evolución en el modus operandi del grupo. Mientras que entre el primer y el segundo accidente transcurrieron seis meses, en fases posteriores llegaron a registrar hasta seis siniestros en solo un mes, incrementando así la frecuencia de la actividad ilícita.
También se apreció un aumento progresivo en el número de ocupantes por vehículo, lo que permitía reclamar mayores indemnizaciones por daños personales. Esta táctica evidencia una especialización creciente, propia de una estructura con claros indicios de criminalidad organizada.
Estructura piramidal y captación de nuevos implicados
La investigación ha revelado que el entramado adoptó una estructura piramidal, en la que los organizadores principales buscaban activamente a personas de su entorno para que figuraran como implicadas en los siniestros simulados. A su vez, estos individuos eran animados a reclutar a otros conocidos, multiplicando así el número de participantes y ampliando el alcance del fraude.
A medida que avanzaban los meses, los líderes de la trama comenzaron a alejarse del primer plano, delegando su participación directa en personas de círculos más lejanos. Este cambio buscaba evitar levantar sospechas por su aparición reiterada en los partes de accidente.
Final de la operación ‘Posto’
Bajo el nombre de operación ‘Posto’, la actuación policial concluyó con la detención de 32 personas, a las que se atribuyen delitos de estafa y falsedad documental. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas a adoptar ante un fraude que, según la Policía Nacional, presenta características propias de un entramado criminal profesionalizado.
