La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga una red de estafa piramidal que operó entre 2021 y marzo de 2024 y que habría defraudado más de 4,6 millones de euros a medio centenar de víctimas, muchas de ellas con formación financiera y profesional. Lo que parecía una atractiva propuesta de inversión acabó revelándose como una sofisticada trama delictiva que captó millones bajo promesas falsas de rentabilidad mensual, en torno al 4% o más, a través de supuestas operaciones inmobiliarias y préstamos hipotecarios.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, comenzó tras la denuncia del representante de más de una treintena de afectados. Según consta en el atestado, las víctimas habrían confiado sus ahorros a una sociedad limitada, en apariencia legal, dedicada a la inversión inmobiliaria y la intermediación financiera. Sin embargo, ninguna de las operaciones prometidas fue realmente ejecutada.
El método de los estafadores seguía el esquema clásico de una pirámide financiera: los fondos aportados por nuevos inversores eran usados para pagar supuestos beneficios a los anteriores, manteniendo así la apariencia de un negocio legítimo. La estructura se sostuvo durante un tiempo, hasta que en 2023 comenzaron los impagos sistemáticos, lo que llevó a la ruptura del esquema y al descubrimiento de la estafa en marzo de 2024.
Falsas oficinas y “asesores” financieros
Uno de los elementos más llamativos de la investigación es el nivel de sofisticación y apariencia de legalidad que construyeron los responsables. La organización contaba con el apoyo de dos intermediarios que actuaban como asesores financieros. Ambos poseían amplios conocimientos en materia fiscal y de inversión, lo que generaba confianza entre las víctimas. No solo convencían a los clientes para que participaran, sino que simulaban reuniones en oficinas reales de entidades financieras para reforzar la imagen de solvencia del fondo que promovían.
Además de su papel como garantes de la inversión, los intermediarios se lucraban mediante comisiones paralelas y participaron activamente en el desvío de fondos. En muchos casos, los cobros se realizaron en efectivo, sin contratos firmados, incumpliendo de forma flagrante la normativa vigente en prevención del blanqueo de capitales.
Se calcula que solo a través de estos intermediarios se captaron más de dos millones de euros, gestionados en su mayor parte fuera del circuito legal, sin ningún tipo de control tributario ni trazabilidad.
Los líderes del fraude
La estructura de la organización estaba encabezada por un hombre con un perfil extremadamente discreto, que llegó a ocultarse en un municipio del interior de la provincia para eludir la acción de la Justicia. La actividad delictiva se canalizaba a través de su pareja sentimental en aquel momento, una mujer que figuraba oficialmente como administradora de la sociedad mercantil implicada.
Ambos fueron detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales, decretando el juez prisión provisional para uno de ellos. Además, se han adoptado medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles vinculados a la pareja, así como bloqueos patrimoniales preventivos.
Víctimas con conocimientos financieros
Uno de los aspectos más llamativos de esta operación, denominada Operación Carnívoro, es que entre los afectados no solo hay ciudadanos particulares o familias que confiaron todos sus ahorros en la trama. También figuran directores de sucursales bancarias y profesionales del sector financiero, lo que evidencia el alto grado de engaño y la verosimilitud con la que los responsables camuflaron el fraude.
La dimensión del perjuicio económico y la diversidad del perfil de las víctimas revelan la peligrosidad de este tipo de delitos financieros, que se sustentan en la confianza generada por apariencias cuidadosamente construidas.
La Policía lanza un mensaje de advertencia
Tras la desarticulación de esta red, la Policía Nacional ha querido lanzar un mensaje preventivo a la ciudadanía, recordando la necesidad de verificar la legalidad y solvencia de cualquier propuesta de inversión, especialmente aquellas que prometen rentabilidades muy superiores a las habituales del mercado.
“La desconfianza inicial puede ser el mejor escudo contra este tipo de fraudes”, señalan fuentes policiales. También se subraya la importancia de contar con asesoramiento profesional independiente y de evitar realizar transferencias o entregas de dinero sin contratos formalizados y mecanismos de control legal.
