Diez detenidos, nueve empresas ficticias y un entramado millonario orquestado por un empresario malagueño que operaba con testaferros en varias provincias. Así se resume la operación ‘Capibara’, un golpe conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.
El epicentro de la trama estaba en la provincia de Málaga, donde residía el principal investigado, administrador de hecho de todas las sociedades implicadas. El fraude, que se prolongó durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, superó los 12 millones de euros, una cantidad que se defraudó sistemáticamente mediante la venta al por mayor de gasóleo tipo A sin ingresar el IVA correspondiente a Hacienda.
El caso ha sido investigado por agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga, en colaboración con la Agencia Tributaria, dentro del marco de auxilio judicial. La operación se ejecutó bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga y culminó el pasado 8 de julio con diez detenciones en distintas provincias del país.
Una red de empresas de corta vida útil
El método empleado por la organización era reiterativo y aprovechaba resquicios normativos del sistema fiscal vigente. Las investigaciones constataron que los responsables creaban sociedades de vida efímera, dedicadas formalmente a la venta de carburantes, que compraban gasóleo en depósitos fiscales –grandes operadores mayoristas– sin soportar el IVA en la operación inicial.
Posteriormente, estas mismas empresas vendían el carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA en la factura, que era cobrado a los minoristas pero jamás ingresado a la Hacienda Pública. Para tratar de dotar de legalidad a su operativa, los responsables solicitaban aplazamientos de pago del impuesto, aunque lo hacían sin cumplir los requisitos legales y con el objetivo claro de no pagar nunca las cantidades adeudadas.
Este patrón se repetía cíclicamente. Cuando una de las sociedades acumulaba deudas y comenzaba a levantar sospechas, era disuelta y reemplazada por otra de nueva creación. Hasta nueve empresas distintas fueron utilizadas en esta operativa, todas ellas controladas por una única persona mediante la figura de administradores interpuestos, lo que permitía ocultar su responsabilidad directa.
Competencia desleal y precios por debajo del mercado
El fraude no solo supuso un perjuicio millonario para las arcas públicas, sino que también generó una situación de competencia desleal en el sector de los hidrocarburos. Al apropiarse indebidamente de las cuotas de IVA, la red criminal podía ofrecer precios más bajos a las estaciones de servicio, lo que perjudicaba gravemente a los operadores legales, que sí cumplían con sus obligaciones fiscales.
Este diferencial de precio, producto de la evasión fiscal, les permitía ganar cuota de mercado de forma artificial, en detrimento de la competencia honesta. En palabras de los investigadores, el sistema funcionaba como una maquinaria perfectamente engrasada para enriquecerse a costa del erario público y de la distorsión del mercado.
Detenciones y registros en cinco provincias
La fase de explotación de la operación se llevó a cabo de forma coordinada en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya, donde se practicaron registros simultáneos y se efectuaron las diez detenciones. Seis de los arrestos tuvieron lugar en Málaga, donde se encontraba el núcleo del entramado, mientras que los otros cuatro se produjeron en las provincias mencionadas, donde residían colaboradores clave del cabecilla, entre ellos financiadores y testaferros.
Durante los registros, los agentes intervinieron 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva, la cual está siendo analizada por los expertos en fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Además, la organización habría invertido los beneficios del fraude en la adquisición de inmuebles de alto valor, muchos de los cuales se encuentran bajo sospecha de haber sido adquiridos con dinero procedente de actividades ilícitas. El valor estimado de estas propiedades supera los 10 millones de euros, y ya se han adoptado medidas cautelares por parte del juzgado instructor para asegurar su posible decomiso en el marco de futuras responsabilidades penales y civiles.
Un golpe al fraude fiscal en la Costa del Sol
La operación ‘Capibara’ constituye uno de los mayores golpes recientes al fraude fiscal en el sector energético en la Costa del Sol y refuerza la colaboración entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el desmantelamiento de redes económicas delictivas. No es la primera vez que se destapan entramados de este tipo en Málaga, ciudad que, por su actividad económica y estratégica situación geográfica, atrae organizaciones criminales especializadas en delitos de cuello blanco.
Los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, figuras penales que pueden acarrear penas de prisión superiores a los cinco años, además de sanciones económicas y responsabilidades patrimoniales.
