El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cuatro personas por integrar una organización criminal relacionada con el traslado a Málaga de mujeres extranjeras, principalmente procedentes de Sudamérica, para facilitar el ejercicio de la prostitución en condiciones penosas y aprovechando su situación de necesidad económica, según ha informado Europa Press.
De este modo, el alto tribunal andaluz ha desestimado los recursos presentados por las defensas de los principales acusados contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que ya condenó a la principal procesada por un delito de integración en grupo criminal, varios delitos relativos a la prostitución, además de trata de seres humanos y tráfico de droga, imponiéndole una pena total de 32 años de prisión.
En el caso de los otros tres acusados principales, también se confirman las condenas por integración en grupo criminal y por delitos relacionados con la prostitución o contra la salud pública, según cada caso, con distintas penas ya fijadas en la resolución anterior.
Asimismo, la Sala de Málaga condenó a diez procesadas más, después de que mostraran su conformidad con los hechos, a dos años de prisión por delitos contra la salud pública.
Una estructura organizada desde 2021
Según los hechos declarados probados por la Sección Primera de Málaga y ahora ratificados por el TSJA, cuatro de los acusados, unidos además por vínculos familiares, se pusieron de acuerdo desde 2021 para desarrollar de forma estable, organizada y coordinada distintas actividades relacionadas con los delitos de prostitución.
La sentencia señala que una de las acusadas gestionó el traslado de dos mujeres desde sus países de origen en Sudamérica hasta Málaga, aprovechando su situación económica muy precaria y sus cargas familiares, con el objetivo de que ejercieran la prostitución en su beneficio.
Una vez en Málaga, esta procesada organizaba la recogida y el alojamiento de las mujeres en los pisos y casas de citas que gestionaba. Según la resolución, así ocurrió con varias mujeres, algunas de ellas testigos protegidas en la causa, cuyo traslado fue organizado y financiado por la acusada, sin informarles desde el inicio de que trabajarían en la prostitución.
En algunos casos, siempre según la sentencia, se les dijo que trabajarían en un centro de estética, después de ofrecerles el pago del billete con la condición de que lo devolvieran poco a poco con su trabajo, además de la posibilidad de alojarse en viviendas donde había una encargada.
Las ‘mamis’ y el funcionamiento de las casas
Esas encargadas, conocidas como ‘mamis’, seguían las instrucciones de la principal acusada y eran quienes comunicaban a las mujeres que debían ejercer la prostitución. El tribunal considera probado que, dada su situación de necesidad económica, las mujeres aceptaban, aunque los beneficios iban a parar a los acusados y las condiciones laborales eran abusivas.
La principal procesada regentaba varios pisos y casas de citas en Málaga en los que, según la sentencia, se explotaba la prostitución de mujeres extranjeras, muchas de ellas procedentes de Colombia y, en ese momento, en situación irregular.
Para encubrir esa situación, se les obligaba a firmar un simulado contrato de subarrendamiento de las habitaciones, documento que debían mostrar a las autoridades en caso de inspección. Además, se las obligaba a rotar entre las distintas casas tras permanecer poco tiempo en cada una de ellas.
La resolución judicial recoge que la principal acusada contaba con la ayuda de las encargadas de las viviendas y, especialmente, de otra procesada que estaba por encima del resto de ‘mamis’ y que, en nombre de la primera, impartía instrucciones directas sobre la organización y el funcionamiento de las casas de citas.
Era esta segunda acusada la que recibía algunos pagos mediante Bizum realizados por clientes por los servicios sexuales de las mujeres y, según el tribunal, era la principal colaboradora de la cabecilla en el negocio de la prostitución, desde la recepción de algunas víctimas hasta el control del cumplimiento de las normas internas.
Control, sanciones y disponibilidad casi total
Otro de los acusados intervenía también en la gestión ordinaria de las casas y se encargaba en ocasiones de acompañar a las mujeres a los servicios que prestaban fuera de la vivienda, además de trasladarlas personalmente a esos lugares y llevar las cuentas del negocio.
Entre las normas que regían en estas casas, la sentencia destaca el reparto al 50% de los ingresos, la obligación de estar disponibles durante 24 horas, con solo dos horas de descanso al día y un día de descanso semanal, así como la imposibilidad de rechazar clientes. Además, las víctimas estaban sometidas a control por cámaras.
También se imponían multas y sanciones económicas si tardaban en volver a la casa tras su descanso diario, si no ordenaban o limpiaban el piso, si tardaban más de cinco minutos en presentarse ante un cliente o si no abandonaban la habitación al finalizar el tiempo contratado.
Drogas, encargadas y registros en varias viviendas
Con los cuatro principales acusados colaboraban las denominadas ‘mamis’ o encargadas de las casas, que, según la sentencia, también estaban sometidas a condiciones laborales rigurosas y bajos sueldos, obligadas por sus circunstancias personales. Algunas de ellas, además, ejercían también como prostitutas y suministraban droga.
El tribunal señala que tres acusadas ahora condenadas ejercían funciones de encargadas, sobre todo en lo relativo al tráfico de drogas, al igual que otras siete mujeres que también han sido condenadas por la venta de cocaína a clientes en las distintas casas de citas, todas ellas ubicadas en Málaga capital.
En los registros practicados en estas viviendas se intervino documentación relacionada con los servicios sexuales prestados por las mujeres, cuadernos donde se anotaban los servicios realizados, su precio, las sustancias recibidas y las normas internas, además de contratos de subarrendamiento, dinero en efectivo y droga.
