Ha vuelto a suceder. Otra investigación de alto nivel, otro caso con el crimen organizado internacional de fondo y otro acusado que desaparece antes de sentarse en el banquillo. Esta vez, el protagonista es un joven belga acusado de matar por error a Jasin Ajar, un chico de 25 años asesinado a tiros junto a un club cannábico de Fuengirola. Según ha publicado El País, el presunto autor del crimen está ahora ilocalizable tras haber quedado en libertad sin medidas cautelares. Sin palabras.
El crimen ocurrió en la madrugada del 7 de diciembre de 2024. El acusado tenía entonces 17 años y, según la investigación, había viajado hasta la Costa del Sol con un encargo concreto: matar a una persona. Esperó encapuchado, con la cara cubierta, frente al local. Cuando creyó tener delante a su objetivo, abrió fuego. Disparó hasta 18 veces con un arma semiautomática.
Pero se equivocó. La víctima no era la persona que buscaban. El hombre al que mató fue Jasin Ajar, un joven que había llegado a Málaga para pasar un año sabático y que había encontrado trabajo en el centro cannábico. Una muerte absurda dentro de un ajuste de cuentas que, una vez más, apunta al crimen organizado de Países Bajos.
La investigación quedó en manos del Grupo II de Udyco de la Policía Nacional en Málaga, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola. Los agentes reconstruyeron el ataque, identificaron al presunto autor material, localizaron a la persona que habría ordenado el crimen y señalaron también a varios colaboradores directos.
La operación tuvo ramificaciones en varios países. Uno de los presuntos implicados fue detenido en Torremolinos pocos días después del tiroteo. Otro acabó abatido en Ámsterdam tras disparar contra los policías que iban a arrestarlo. Más tarde fueron detenidas otras personas, entre ellas tres mujeres acusadas de haber trasladado el arma desde París hasta la Costa del Sol.
El presunto sicario fue arrestado finalmente en Gante, Bélgica, en junio de 2025, gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega. Para entonces ya había cumplido los 18 años, pero el procedimiento siguió por la vía de menores porque el crimen se cometió cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad.
Ahí empieza el tramo que ahora deja el caso en una situación difícil de explicar. El joven declaró ante la Fiscalía de Menores y fue enviado a un centro de internamiento en régimen cerrado. Pasó allí seis meses, prorrogados después otros tres. En total, nueve meses: el máximo legal de internamiento preventivo para un menor investigado si el juicio no se celebra antes.
Cumplido ese plazo, quedó en libertad. Y salió sin obligación de presentarse periódicamente en el juzgado, sin retirada de pasaporte y sin prohibición de abandonar el país. Según fuentes jurídicas citadas por El País, en aquel momento no se solicitaron medidas cautelares. Ni comparecencias. Ni control documental. Ni una barrera mínima para evitar lo que ahora ha terminado ocurriendo.
El resultado es el que vuelve a dejar una sensación de bochorno institucional: el acusado está desaparecido y sigue pendiente de juicio por asesinato. El juzgado ha pedido a la Policía que trate de localizarlo, aunque por ahora no se ha dictado una orden de búsqueda y captura.
A los policías, lógicamente, no les ha hecho mucha gracia. No es difícil entender por qué. Hablamos de una investigación compleja, con conexiones internacionales, armas de guerra, crimen organizado y una víctima que ni siquiera era el objetivo real del ataque. La Policía detiene, reconstruye, coordina y entrega el caso. Pero después, en el tramo judicial, algo se rompe.
El precedente de Bouyakhrichan: otro caso difícil de explicar
Lo ocurrido con el menor acusado del crimen de Fuengirola no es un episodio aislado, y ese es el problema. Tiene un precedente muy reciente, también en la Costa del Sol, también con la temida Mocro Maffia de fondo y también con una pregunta concisa: cómo algunos de los nombres más relevantes del crimen organizado europeo han logrado salir del radar judicial en España.
El ejemplo más evidente, y más vergonzoso, es el de Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, considerado uno de los jefes de la Mocro Maffia, organización criminal de origen magrebí asentada en Países Bajos y Bélgica que ha echado raíces en la Costa del Sol y considerada una de las más violentas del mundo. Fue detenido en enero de 2024 en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en los últimos años en la provincia de Málaga. Junto a él fueron arrestadas otras cinco personas, entre ellas varios presuntos testaferros españoles, dentro de una investigación por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en la provincia de Málaga y Melilla.
Aquella operación fue un éxito. Se bloquearon 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y se intervinieron tres millones de euros repartidos en unas 150 cuentas bancarias. El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que estaba de guardia, decretó el 10 de enero su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Pero su paso por prisión fue breve. El 22 de febrero, la Audiencia Provincial de Málaga acordó dejarlo en libertad bajo una fianza de 50.000 euros y con medidas cautelares que, vistas con perspectiva, resultaron demasiado frágiles para alguien de su perfil: retirada de pasaporte y obligación de firmar en el juzgado cada quince días.
La Fiscalía se opuso a aquella puesta en libertad. El propio tribunal admitía en su auto que sí existía riesgo de fuga, aunque entendía que la prisión podía sustituirse por medidas menos gravosas. La realidad tardó poco en desmontar esa teoría. Bouyakhrichan acudió varias veces a firmar. El 1 de abril fue la última vez que se le vio. Después, desapareció.
La imagen que dejó aquel caso fue difícil de digerir: un supuesto capo de una de las organizaciones criminales más temidas de Europa, investigado en España, reclamado por Países Bajos y señalado por las autoridades por su papel en una estructura criminal de enorme peligrosidad, en libertad con una fianza menor que el precio de muchos coches de alta gama que circulan por Marbella.
La fuga de Bouyakhrichan fue calificada como “preocupante” por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y obligó a dictar una orden de búsqueda sobre el capo. El caso tenía además una derivada especialmente delicada: las autoridades también perseguían a la Mocro Maffia por amenazas contra la Casa Real holandesa, en concreto contra la princesa Catalina Amalia de Orange, que llegó a refugiarse temporalmente en España por motivos de seguridad.
Ahora, con el menor acusado de matar por error a Jasin Ajar también ilocalizable, la escena vuelve a repetirse con otro nombre y otro expediente. La Policía investiga, ata cabos, cruza fronteras y detiene. Pero después, en algún punto del procedimiento, el sistema deja una rendija abierta. Y por esa rendija se escapan perfiles que no son delincuentes de poca monta, sino piezas de tramas criminales con dinero, contactos y capacidad real para desaparecer.
La Costa del Sol lleva años siendo refugio, base logística y tablero de operaciones para clanes vinculados al narcotráfico internacional. Lo que antes podía parecer una guerra lejana entre bandas de Países Bajos, Bélgica o Marruecos ya ha dejado tiroteos, cadáveres, detenciones y fugas en Málaga. El crimen organizado ha entendido perfectamente el terreno. La pregunta es si el sistema judicial ha entendido igual de bien el tamaño del problema.
