El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga ha iniciado una investigación contra varias explotaciones mineras de Coín por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por usurpación de aguas. Esta operación, denominada «Pulvis», ha afectado a ocho personas y tres empresas dedicadas a la minería a cielo abierto, que están siendo investigadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
La investigación se originó tras una denuncia de una plataforma vecinal sobre las irregularidades ambientales cometidas por estas minas. Durante los últimos meses, los residentes han sufrido las consecuencias de una contaminación que afecta tanto a la salud pública como a la economía local. Las pruebas iniciales apuntan a emisiones de polvo en suspensión a la atmósfera y vertidos de aguas contaminadas en el cauce del río Pereila, lo que pone en peligro la flora y fauna de un espacio natural protegido.
Las investigaciones iniciales del SEPRONA revelaron que las instalaciones mineras estaban liberando grandes cantidades de polvo al ambiente sin contar con las medidas correctoras adecuadas. Estas emisiones superan los límites legales de contaminación y afectan gravemente a la calidad del aire, poniendo en riesgo la salud respiratoria de los vecinos. Además, las aguas de riego de las canteras, que contienen partículas de polvo, desembocan en el río Pereila, generando un sedimento que podría alterar el ecosistema local.
Según los testimonios de los residentes, la situación en la zona ha empeorado en los últimos años, a pesar de las numerosas denuncias presentadas a las administraciones locales. El polvo acumulado en las viviendas cercanas ha causado molestias y problemas respiratorios, lo que ha convertido la vida diaria en un desafío para los afectados.
La agricultura en la zona, especialmente los cultivos de frutas subtropicales, también se ha visto seriamente perjudicada. Los agricultores se han quejado de que los frutos de sus cosechas presentan una capa de polvo o cal que no desaparece ni siquiera tras el lavado y calibrado. Como resultado, los productos no pueden ser vendidos como «fruta fresca» y deben comercializarse como fruta procesada, lo que reduce considerablemente su valor en el mercado.
Otro de los delitos descubiertos durante la investigación es la extracción ilegal de agua por parte de dos de las explotaciones mineras. Estas empresas estaban utilizando pozos dentro de sus instalaciones para extraer agua de manera irregular, lo que constituye un delito de usurpación de aguas.
El SEPRONA, en colaboración con el Juzgado de Instrucción nº 3 de Coín, continúa con las investigaciones y espera poder tomar las medidas correspondientes para proteger tanto el medio ambiente como los intereses de la comunidad local. La operación «Pulvis» está dirigida a poner fin a esta situación y garantizar que las explotaciones mineras cumplan con la legislación vigente.
