Más de un tercio de las familias andaluzas con hijos vive con menos de 2.000 euros mensuales, según revela el IV Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2025. A esto se suma una disminución de los hogares con ingresos entre 2.000 y 3.000 euros respecto al año anterior, reflejando un empeoramiento generalizado del poder adquisitivo en la comunidad.
El informe, que analiza los hábitos de consumo, capacidad de ahorro y situación financiera de los hogares, constata una realidad económica difícil para un número creciente de andaluces, que ven limitada su capacidad para ahorrar, cubrir necesidades básicas o afrontar gastos inesperados.
Mejora tímida del ahorro, pero con altas tasas de precariedad
Aunque ha mejorado ligeramente la capacidad de ahorro, la precariedad sigue muy presente. Solo el 14% de los andaluces logra ahorrar más del 30% de sus ingresos, lo que supone una mejora de cinco puntos porcentuales respecto a 2024. Sin embargo, ha bajado el porcentaje de quienes ahorran entre el 10% y el 30% (28%), mientras que un 24% no puede ahorrar absolutamente nada.
Además, un 21% de los hogares depende de ayudas económicas externas para poder cubrir sus gastos, una cifra que alerta sobre el alto riesgo de exclusión financiera y social en la región.
Gastos imprevistos, una amenaza real para la clase media
La imposibilidad de generar ahorro convierte cualquier gasto imprevisto en una amenaza. Más de uno de cada diez hogares andaluces no podría hacer frente a una urgencia de 1.000 euros, y hasta el 30% no podría asumir un gasto de 5.000 euros, lo que evidencia la fragilidad financiera también de la clase media.
El alquiler se lleva más de la mitad del sueldo en uno de cada cuatro hogares
La vivienda se mantiene como uno de los grandes factores de presión económica para las familias. Un 25% de los hogares andaluces en régimen de alquiler destina más del 50% de sus ingresos al pago de la renta, una proporción que limita seriamente la cobertura de otras necesidades básicas.
En contraste, solo un 3% de los hogares con hipoteca destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad entre los inquilinos.
Andalucía pierde clase media: crece la población de clase baja
La estructura social también muestra señales de transformación preocupantes. Según el observatorio, el 32% de la población andaluza pertenece a la clase baja o media baja, diez puntos más que la media nacional y siete más que en 2024. Al mismo tiempo, la clase media ha caído casi seis puntos y la clase alta representa solo el 24% de la población.
El aumento de precios reduce el consumo y el bienestar
La inflación ha obligado a los hogares andaluces a modificar sus hábitos de consumo. Un 38% ha reducido el gasto en ropa y calzado, y un 51% ha recortado el ocio fuera del hogar, especialmente en bares y restaurantes. Además, un 31% ha dejado de asistir a eventos culturales o espectáculos, y un 11% ha cancelado suscripciones digitales, afectando al acceso a la cultura y al entretenimiento.
La vivienda en Andalucía: mayoría en propiedad, pero el alquiler sigue presente
El 45% de los hogares andaluces vive en propiedad sin hipoteca, mientras que un 31% lo hace con préstamo o hipoteca activa. El 18% reside en alquiler a precio de mercado, un grupo que, como se ha visto, enfrenta mayores riesgos de vulnerabilidad económica.
Consumo local frente a la tensión internacional
Las decisiones políticas y comerciales internacionales, especialmente las de Estados Unidos, también están teniendo efectos en el consumo. El 24% de los andaluces prioriza productos nacionales ante la subida de precios derivada de las políticas arancelarias del Gobierno de Trump, y un 14% ha dejado de consumir marcas estadounidenses.
La sostenibilidad avanza, pero con desigualdades
Aunque el compromiso con la sostenibilidad aumenta, su aplicación no es homogénea. Dos de cada tres andaluces (66%) adoptan hábitos sostenibles en higiene personal, y un 57% lo hace en alimentación, sectores donde la oferta es más accesible.
Sin embargo, aplicar criterios sostenibles en vivienda y energía resulta complicado para un 62% de la población, y un 74% considera inviable hacerlo en el ámbito financiero. El problema se agrava entre los jóvenes y las clases bajas, quienes, pese a su mayor predisposición, carecen de recursos suficientes para un consumo responsable. Esto subraya que la transición ecológica no puede desligarse de la inclusión social.
