En julio de 1934, en una inestable Segunda República que sobrevivía a duras penas entre intentos de golpes de Estado y revoluciones, un pequeño pueblo de Málaga, Alozaina, fue el escenario de uno de esos dramas que retratan con crudeza la España convulsa de la época. Entre pasiones políticas, cuentas pendientes y la sombra de la corrupción, la muerte llegó con pólvora y vino tinto.
El día 11 de ese fatídico mes, Alozaina despertó con el sol atravesando las montañas que la resguardan, y la luz comenzaba a pintar de amarillo las casas blancas y las calles empedradas. Nadie sospechaba que, en pocas horas, la casa consistorial del pueblo se transformaría en un escenario de tragedia que marcaría un antes y un después.
En la sala de plenos, a las 11 de la mañana, bajo la sombra de un retrato de la Segunda República y el crujir de las sillas de madera, el nuevo Ayuntamiento, presidido por Salvador Gutiérrez, se reunía para formalizar el traspaso de poderes a la Comisión Gestora designada. Al frente de esta, el radical Miguel Rubio Vila, un hombre de carácter firme, asumía el cargo tras la destitución de la administración previa, salpicada por acusaciones de irregularidades económicas que ascendían a unas treinta mil pesetas. Pero, como ocurre a menudo en los pueblos pequeños, las cuentas pendientes eran más personales que administrativas.
Miguel de Luna López, de 43 años, oficial mayor y secretario accidental del Ayuntamiento, había pasado toda la mañana con un aire inquieto, casi febril. Quizás intuía que aquel día marcaría el fin de algo más que su puesto. Cuando Rubio Vila, en un acto simbólico, exigió las llaves de la secretaría, el arma reglamentaria y la credencial, Luna se negó rotundamente. “No se me puede destituir sin un expediente formal”, habría alegado, aferrado no solo a su cargo sino también a su orgullo. La tensión flotaba en el aire.
Las manos de Luna temblaban al rozar el arma que llevaba y, sin pensárselo dos veces, desenfundó la pistola. La primera bala fue dirigida a Miguel Rubio Vila, quien logró desviar la cabeza, pero no evitó una herida grave que hizo que las primeras gotas de sangre aparecieran en el suelo del salón de plenos. El abogado Francisco Gutiérrez Navarro corrió al escuchar el disparo. Quizá intentando desarmar a Luna, quizá simplemente gritando en el caos. Luna volvió a disparar y esta vez no falló. Francisco cayó muerto en el acto. El caos se desató. Luna, como un animal acorralado, apuntó el arma hacia sí mismo y se disparó en el vientre. El estruendo retumbó por las paredes, apagado apenas por los gritos y sollozos de los presentes.
Réquiem por un pueblo dividido
En las horas siguientes, Alozaina fue un hervidero de rumores y dolor. Las campanas doblaron por Francisco Gutiérrez Navarro, cuyo entierro se convirtió en una manifestación de duelo colectivo. Obreros con el puño en alto marcharon tras el féretro, escoltados por republicanos, socialistas y comunistas unidos por la tragedia que se solidarizaban con los que eran sus rivales políticos. En el cementerio, discursos inflamados mezclaban condolencias con denuncias contra el caciquismo del canónigo Trujillo (del que ya hablaremos próximamente), que, decían, había podrido al pueblo.
Miguel de Luna, por su parte, agonizaba en la clínica del doctor García Recio. Allí también convalecía Miguel Rubio, quien milagrosamente mejoraba. Pero Luna no tuvo esa suerte: falleció tres días después. Su cuerpo fue trasladado al depósito para la autopsia, mientras las investigaciones judiciales buscaban esclarecer los hechos.
La investigación judicial, a cargo del juzgado de Álora, intentaba desentrañar no solo los hechos, sino también las causas profundas del drama. En esa España de la Segunda República, donde las lealtades eran absolutas y las traiciones se pagaban con sangre, el crimen de Alozaina se convirtió en un símbolo trágico de una nación al borde del abismo. Mientras tanto, en el pueblo, entre el duelo y las habladurías, la vida seguía su curso, con un eco de disparos que nunca terminaba de apagarse.
