La Policía Nacional ha desarticulado un entramado societario que operaba desde la provincia de Málaga, que ha causado pérdidas de 12,6 millones de euros a la Hacienda Pública. La investigación ha revelado que una empresa de origen rumano adquiría mercancías a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos, y, de forma aparente, las vendía a Portugal y Eslovaquia. Para ello, la empresa contaba sorprendentemente con fondos de empresas españolas que no tenían actividad comercial. Al afectar a los intereses de diferentes países de la Unión Europea, la Fiscalía Europea se vio obligada a intervenir en el caso.
El entramado eludía el impuesto de IVA a través de una corriente de facturación ficticia, deduciéndose un IVA no soportado. Este fraude se realizaba en el sector de productos electrónicos e informáticos, utilizando un modus operandi complejo que no solo perjudicaba a la Hacienda Pública, sino que también afectaba al resto de empresas del mercado, al colocar los productos a un precio inferior.
La Policía Nacional ha participado en la llamada Operación Computer, que se inició tras una denuncia de las autoridades rumanas (Fiscalía de Cluj). Esta denuncia alertó sobre una sociedad en Rumanía que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresas sin relación comercial.
La mercantil rumana investigada simulaba la adquisición de mercancía intercomunitaria, lo que le permitía eludir el ingreso del impuesto de IVA. Las empresas españolas involucradas actuaban como empresas pantalla, siendo sociedades de nueva creación sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros. A través de la facturación falsa, estas empresas acreditaban sus operaciones, simulando compras y deduciéndose un IVA que nunca existió.
Dada la complejidad del entramado, la investigación se ha llevado a cabo en varias provincias españolas, incluyendo Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y Murcia. En Málaga, se ha registrado un domicilio particular y se ha realizado un requerimiento policial en una asesoría en la capital. Esta acción resultó en la detención de cinco investigados, uno de ellos el administrador de la asesoría vinculada a la trama, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Otras tres personas han sido detenidas por su papel de testaferro en diversas provincias.
En San Fernando de Henares, Madrid, se registró la sede social de la empresa distribuidora y mayorista de productos informáticos, considerada beneficiaria del entramado desarticulado. Esta empresa lograba colocar sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores, aprovechándose del fraude cometido en el IVA.
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha recopilado suficientes indicios para situar el fraude fiscal en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, desarticulando así una trama cuya actividad fraudulenta alcanza los 12,6 millones de euros.
Entre los efectos intervenidos destacan diversas documentaciones relacionadas con la actividad ilegal, dispositivos informáticos, teléfonos móviles y 4 mil euros en efectivo. Asimismo, se han solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.
