El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de reservarse la facultad de hacer pública toda la información relativa al Covid-19 e imponer una orden por el Ministerio de Sanidad solicitando a las comunidades autónomas mantener la ley del silencio.
El SAS ha advertido a sus profesionales de que están obligados «a guardar secreto sobre cualquier información a al que accedan en el ejercicio de su actividad». De momento, los sanitarios denunciaban la falta de recursos y equipos sanitarios, y hablaban a los medios sin tapujos, facilitando la información y las quejas pertinentes.
El SAS les ha alertado de que el ordenamiento jurídico establece como ilícitos penales el descubrimiento y la revelación de secretos, fijando como agravante que la vulneración de la intimidad se produzca por trabajadores públicos.
El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, asegura que envió la carta a sus sanitarios tras la queja por parte del Ministerio de Sanidad por la información difundida tras decretarse el estado de alarma. La orden en la que se ampara permite a la cartera que ostenta Salvador Lila controlar todos los datos sobre el virus pero no por parte de los empleados públicos.
