El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un ambicioso plan de medidas en vivienda, que busca transformar el acceso y regulación de este derecho en España. Entre las iniciativas más destacadas figura una medida sin precedentes y que afecta en gran medida a la Costa del Sol: limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, quienes estarán sujetos a una carga fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble.
Esta normativa tendrá un fuerte impacto en todos los municipios de la Costa del Sol, donde los extranjeros son un motor clave del mercado inmobiliario. Según un informe de Aedas Homes de abril del 2024, el 90% de las viviendas nuevas en la región son adquiridas por compradores extranjeros. Málaga, en concreto, se posiciona como la tercera provincia española con mayor peso en compra de viviendas por foráneos, representando un 33,7% del total, detrás de Alicante y Tenerife.
Los datos destacan que el perfil típico del comprador extranjero en la Costa del Sol es el de una pareja de entre 45 y 64 años, que adquiere propiedades plurifamiliares de unos 105 metros cuadrados útiles y terrazas de 60 metros cuadrados. Nacionalidades como la británica lideran el mercado con un 15%, seguidas de Países Bajos, Suecia y Marruecos.
Pedro Sánchez presentó este paquete de 12 medidas durante un acto junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El objetivo es garantizar que la vivienda sea el quinto pilar del Estado del bienestar, alejándola de su carácter especulativo. Las medidas se centran en tres pilares fundamentales: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas.
Entre las acciones más relevantes destaca la creación de una Empresa Pública de Vivienda, que recibirá 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir vivienda protegida. Además, el Gobierno planea incorporar más de 30.000 viviendas de la SAREB, 13.000 de ellas en el primer semestre de 2025. Estas viviendas mantendrán su titularidad pública de manera indefinida.
El plan también incluye un sistema integral de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos, con especial atención a jóvenes menores de 35 años. Asimismo, se rehabilitarán viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible. Como incentivo, los propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia podrán disfrutar de una exención fiscal del 100% en el IRPF.
