La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen pakistaní que operaba en Jaén, Málaga y Murcia, dedicada a la explotación laboral de inmigrantes en situación irregular, según ha informado La Ser. La operación, denominada ‘Operación Salaria’, se salda con la detención de ocho personas, tres investigados y la liberación de 15 víctimas que trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas.
El grupo criminal, liderado por tres ciudadanos pakistaníes, explotaba a inmigrantes en más de veinte establecimientos de comida rápida situados principalmente en Jaén. Aunque la actividad comercial de los locales era mínima, la red utilizaba estos negocios como tapadera para cometer delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, coacciones y delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.
Un grupo intermedio dentro de la red controlaba y trasladaba a las víctimas entre los distintos locales y viviendas. Los agentes descubrieron que las víctimas trabajaban sin contrato ni remuneración, sometidas a jornadas laborales ilegales y sin descanso. Además, se les retenía la documentación personal para impedir su libre movimiento.
Las víctimas, según los investigadores, eran alojadas en viviendas insalubres que carecían de las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. En algunos casos, se vieron obligadas a vivir en los mismos establecimientos donde trabajaban, sometidas a condiciones deplorables.
La organización obtenía ingresos adicionales al cobrar a las víctimas cantidades de dinero por promesas de regularización de su situación legal, una promesa que nunca se cumplía.
Durante la investigación, los agentes realizaron 19 registros en propiedades vinculadas a la organización, donde hallaron documentación falsa utilizada para eludir inspecciones y falsificar empadronamientos y contratos. La operación también permitió la detención de un ciudadano español que colaboraba en la regularización fraudulenta de los trabajadores.
Las 15 personas liberadas fueron localizadas en diferentes municipios de Jaén y Málaga. Siete de ellas estaban en Jódar, una en Jaén capital, dos en Cazorla, otras dos en Villacarrillo, y tres en Ronda (Málaga). Todas ellas vivían en condiciones extremas y sin acceso a los derechos más básicos.
La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según fuentes del Instituto Armado, la investigación continuará para desmantelar por completo cualquier vestigio de esta red criminal.
