Un nuevo intento de introducir drogas y teléfonos móviles en el centro penitenciario Málaga I, en Alhaurín de la Torre, ha sido frustrado gracias a la rápida intervención del personal funcionario de prisiones. El incidente ocurrió durante la pasada madrugada, alrededor de las 4:00 horas, cuando el equipo de servicio del módulo 9 fue alertado por el sonido de un dron que sobrevolaba el recinto.
Durante una de las rondas nocturnas rutinarias, los funcionarios escucharon el zumbido característico de estos dispositivos y activaron el protocolo de actuación. Tras una búsqueda inmediata, localizaron la carga transportada por el dron en el interior de una celda del módulo mencionado. En ella se hallaron dos teléfonos iPhone de gran tamaño, un tercer móvil más pequeño, sus correspondientes cargadores y cuatro tabletas de hachís, cada una con un peso superior a los 100 gramos.
En la celda residían dos internos, uno de los cuales fue trasladado de forma preventiva al departamento de aislamiento, a la espera de que se determinen las responsabilidades en relación con el material incautado.
Este suceso se suma a otros incidentes similares que, según denuncian los sindicatos, vienen repitiéndose con creciente frecuencia en centros penitenciarios de toda España. La entrada de drones con objetos prohibidos representa una amenaza cada vez más sofisticada y difícil de combatir para los cuerpos de seguridad que operan en el interior de las prisiones.
Ante este nuevo caso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a alzar la voz para reclamar más medios materiales y humanos que permitan hacer frente a esta nueva modalidad de introducción ilícita de objetos en los centros penitenciarios. Según ha denunciado la organización, estos hechos evidencian la falta de herramientas tecnológicas adecuadas para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas, utilizadas para vulnerar la seguridad del recinto penitenciario.
“La profesionalidad y compromiso de los trabajadores penitenciarios ha sido clave para evitar que la situación se agravase”, ha señalado CSIF en un comunicado, al tiempo que ha subrayado que esta capacidad de respuesta no puede depender exclusivamente de la vigilancia manual del personal.
La central sindical reclama la incorporación de tecnología específica, como inhibidores de frecuencia, que permitan interferir la señal de los drones y evitar que estos dispositivos alcancen su objetivo. Del mismo modo, pide una revisión integral de la seguridad en los centros penitenciarios, especialmente en aquellos donde el riesgo de introducción de objetos prohibidos es mayor.
Además, CSIF ha aprovechado la ocasión para reiterar una serie de demandas históricas del colectivo penitenciario. Entre ellas, destaca la petición de reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad, una medida que permitiría reforzar su capacidad de actuación legal y mejorar su protección jurídica.
También exige la adecuación de las cargas de trabajo, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) completa y actualizada, formación continua, así como una equiparación salarial y de condiciones laborales con las comunidades autónomas que ya tienen las competencias transferidas en materia penitenciaria. En este punto, CSIF denuncia que existe una desigualdad evidente entre el personal penitenciario de la Administración General del Estado y el de regiones como Cataluña o el País Vasco.
Asimismo, el sindicato reclama la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar la presencia estable de personal médico en las prisiones. Esta medida permitiría mejorar la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario y reducir las carencias actuales en recursos humanos.
Desde CSIF insisten en que la seguridad en los centros penitenciarios no puede quedar al margen de las políticas públicas. “Garantizar el orden y la integridad dentro de las cárceles es una responsabilidad del Estado, y no puede seguir dependiendo solo del esfuerzo individual de los trabajadores”, concluyen.
El sindicato advierte que, si no se actúa con urgencia, este tipo de sucesos podrían multiplicarse en el futuro, comprometiendo no solo la seguridad de las instalaciones, sino también la de los propios funcionarios.
