Un reciente auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, emitido por la Sección Séptima y con sede en Algeciras, puede marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión judicial califica el suministro ilegal de gasolina a las narcolanchas – conocido como petaqueo – como un delito penal, hasta ahora se consideraban faltas administrativas, lo que abre la puerta a penas de entre tres y ocho años de prisión.
El petaqueo, una actividad logística fundamental para el tráfico de hachís en el estrecho de Gibraltar, ha crecido desmesuradamente en los últimos años, debido a la intensificación de la presión sobre las narcolanchas. El combustible se ha convertido en una de las necesidades más urgentes para los traficantes, que deben operar en alta mar o desplazarse a zonas más alejadas, lo que ha elevado la demanda de gasolina en garrafas.
Un Fallo Judicial Histórico
Según ha informado EFE, el auto responde a un recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión de un juez de Algeciras, quien en enero de este año dejó en libertad provisional sin fianza a un hombre detenido con 164 garrafas de gasolina (más de 5.000 litros), destinadas a abastecer a las narcolanchas. Este caso refleja una de las numerosas detenciones de petaqueros, que hasta ahora enfrentaban sanciones administrativas, pero no penas de prisión, debido a la falta de una figura penal específica que tipificara esta actividad.
Según la fiscal Macarena Arroyo, el auto es un «auto valiente y pionero» que podría marcar la diferencia en la lucha contra el narcotráfico si se generaliza su aplicación en la judicatura, expresó a EFE. El Tribunal Supremo ha dictado sentencias previas sobre la tenencia de sustancias inflamables, argumentando que solo la posesión de estas sustancias, debido al riesgo inherente que conllevan, justifica el delito, sin que sea necesario que se produzca un daño.
Un cambio en la legislación urgente para frenar el narcotráfico
A pesar de que el fenómeno del petaqueo ha sido conocido durante años, la falta de una figura penal específica había llevado a que muchos de los responsables solo enfrentaran sanciones administrativas, lo que les otorgaba una gran impunidad. El auto del juez Juan Carlos Velasco Perdigones hizo hincapié , en declaraciones a EFE, en la necesidad de adaptar el Código Penal a la realidad del narcotráfico, con el fin de proteger la seguridad colectiva y de evitar riesgos de deflagraciones accidentales provocadas por la manipulación de sustancias altamente inflamables sin las precauciones legales adecuadas.
