La justicia ha dictado sentencia en uno de los casos más trágicos que ha vivido el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El conocido como caso Rothmans se cierra con penas de hasta 24 años de prisión por tráfico de drogas y homicidio, más de tres años después de una operación que marcó un antes y un después para este cuerpo de élite.
El operativo, desarrollado en aguas del Atlántico, se tornó dramático durante el abordaje de un velero sospechoso de transportar estupefacientes. En plena maniobra de inspección, una embarcación auxiliar del Buque de Operaciones Especiales Fulmar volcó, provocando la caída al mar de varios agentes del SVA. Los tripulantes del velero, lejos de rendirse, prendieron fuego a su propia embarcación con el objetivo de hundirla, poniendo en riesgo la vida de todos los presentes.
En el transcurso del suceso, Carlos Esquembri, jefe de embarcación melillense de 58 años, falleció en acto de servicio. Su muerte fue una sacudida para sus compañeros, familiares y para todo el cuerpo, y evidenció una realidad incómoda: la precariedad en la que se juegan la vida los agentes del SVA cada día.
“Se jugaron la vida por salvar a los asesinos de nuestro patrón”
Durante la operación, sus compañeros arriesgaron sus vidas no solo para capturar a los narcotraficantes, sino para salvarlos del fuego. Un testimonio directo de uno de los agentes lo resume con crudeza:
“Se jugaron la vida por rescatar al compañero y a los narcos que asesinaron a nuestro patrón. Es indigno que estemos defendiendo las fronteras de Europa, a veces a miles de millas de casa, con sueldos de administrativo y más de 60 años cumplidos”.
La sentencia, conocida esta semana, impone 10 años de prisión a cada uno de los acusados por tráfico de drogas, 17 años más al patrón del velero por homicidio, y 7 años adicionales a otro de los implicados por intento de homicidio, tras lanzar una bengala contra los agentes. Se trata de una resolución que, si bien hace justicia, no repara las graves carencias con las que trabajan estos funcionarios.
Un cuerpo olvidado… pero imprescindible
El SVA, integrado en la Agencia Tributaria, lleva años denunciando su abandono institucional. A pesar de enfrentarse a redes de crimen organizado, persecuciones nocturnas y operativos de altísimo riesgo en el mar o en tierra firme, sus agentes no tienen reconocimiento como profesión de riesgo, lo que impide su jubilación anticipada y los obliga a mantenerse en primera línea más allá de los 67 años, muchas veces con pensiones que no garantizan una vida digna.
En España hay solo 2.200 agentes operativos —a los que habría que sumar 358 nuevos funcionarios que ya han aprobado las oposiciones, pero siguen esperando ser convocados—. Todos ellos, con un sueldo base de 1.400 euros mensuales, se juegan la vida en silencio. ¿Qué valor tiene una vida cuando se arriesga por esa cantidad?
Jorge, miembro del SVA y representante de JUSVA, lleva años denunciando que “tenemos compañeros de 67 años saltando de un barco a otro en plena operación”, y cobrando 1.400 euros, durmiendo en camas calientes en bases donde no se pueden permitir alquilar una habitación digna”.
En el ámbito marítimo, los conocidos como piratas —apelativo cariñoso entre compañeros— patrullan con medios insuficientes, en barcos obsoletos y sin condiciones de seguridad homologables a las de otros cuerpos. En tierra, los terrícolas del área de investigación arriesgan su vida en registros donde cualquier detalle puede desencadenar un enfrentamiento.
JUSVA: un grito por la dignidad
Desde JUSVA se han presionado a los sindicatos de la AEAT para que soliciten formalmente el reconocimiento del SVA como colectivo de riesgo, una medida que permitiría una jubilación anticipada y equiparación con el resto de cuerpos policiales. “Es un tren que posiblemente no vuelva a pasar”, insisten desde la asociación. “Carlos estaría hoy vivo si se hubiera jubilado como debería haber podido hacerlo”.
La petición ya ha sido trasladada a la dirección de la AEAT y del propio SVA. Además, como medida de urgencia, los agentes han iniciado los trámites para la creación de un sindicato policial propio dentro de la AEAT, bajo el amparo de JUSVA. “Pretendemos que esta herramienta sirva para traer dignidad a un cuerpo policial de élite completamente maltratado por el Estado”, afirman.
Carlos Esquembri, mucho más que un agente
Carlos Esquembri no solo era piloto de embarcación del SVA, sino también historiador, escritor y miembro activo de la Asociación de Estudios Melillenses. Su faceta intelectual y su compromiso con la divulgación de la historia de Melilla lo convierten en un símbolo: un servidor público de vocación, discreto, leal y comprometido.
Su historia se une a otras como la de José Luis Domínguez Iborra, observador aéreo fallecido a los 63 años tras caer su helicóptero al mar. Historias de entrega silenciada, de héroes que no llevan capa pero sí uniforme. Como dijo el presentador del pódcast donde intervino Jorge:
“No son héroes en la sombra, son héroes en el mar y en tierra”.
¿Qué valor tiene una vida?
Esa es la pregunta que flota en el aire tras cada operación del SVA, tras cada sentencia, tras cada entierro. ¿Qué valor tiene una vida cuando la entregas por 1.400 euros al mes? Para el Servicio de Vigilancia Aduanera, no parece medirse en euros, sino en el orgullo de servir y la esperanza de un cambio.
El Estado tiene una deuda pendiente con estos profesionales. Porque, mientras ellos siguen patrullando nuestras aguas y defendiendo nuestras fronteras, lo mínimo que merecen es reconocimiento, dignidad y justicia
