La Policía Nacional ha desarticulado una red de corrupción en Torremolinos, implicando a dos funcionarios públicos y un falso gestor en un caso de fraude relacionado con los trámites de nacionalización española. Los arrestados están acusados de delitos contra la administración pública, falsedad documental e intrusismo profesional. El caso ha afectado a más de 400 personas, y se estima que los detenidos habrían obtenido más de 12.000 euros a través de estos fraudes.
Los agentes iniciaron la investigación tras recibir una denuncia presentada por una de las víctimas, que se disponía a culminar el proceso de nacionalización española. Esta ciudadana acudió al Registro Civil con el fin de comprobar el estado de su documentación y asegurarse de que todo estuviera en orden para finalizar su trámite. Sin embargo, se encontró con que el funcionario a cargo de su caso le ofreció una cita para la jura de fidelidad con una fecha posterior a la vencida, lo que hubiera provocado la caducidad del trámite.
Ante la inquietud y el desasosiego de la víctima, el funcionario le recomendó los servicios de un “gestor”, quien resultó ser su pareja sentimental. Este falso gestor ofreció la solución al problema, asegurando que podía eludir la caducidad del trámite mediante la suspensión del plazo de concesión, cobrando una tarifa por sus servicios y entregando a las víctimas un documento que, aunque parecía oficial, resultó ser falso.
La investigación se amplió a otras personas afectadas por el mismo procedimiento irregular. Gracias a las declaraciones de las más de 400 víctimas, los agentes de la Comisaría Local de Torremolinos pudieron identificar a los responsables y recopilar pruebas suficientes para proceder con las detenciones. Las víctimas, todas con experiencias similares de retrasos, fueron derivadas al falso gestor por parte de los funcionarios implicados.
En el marco de la operación, los agentes registraron el domicilio de los principales sospechosos, interviniendo dispositivos electrónicos que podrían contener más pruebas sobre la trama de fraude. Además de los detenidos, se ha investigado a una funcionaria adicional del Registro Civil, que también habría derivado a otras personas al falso gestor, aumentando la extensión de la red de corrupción.
El Grupo de Fraudes de la Policía Nacional continúa con la investigación, ya que se cree que el número de víctimas podría ser mayor, aunque se ha confirmado que todas las personas involucradas en el fraude son consideradas víctimas y no tienen responsabilidades legales en el proceso.
Este escándalo de corrupción resalta la vulnerabilidad de los trámites burocráticos y los riesgos asociados con el abuso de poder por parte de algunos funcionarios públicos. La Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración de las víctimas para esclarecer los hechos y advertir sobre estos delitos que afectan a la confianza en las instituciones públicas.
Las autoridades siguen investigando más posibles casos y han asegurado que las víctimas no correrán el riesgo de perder su nacionalidad española debido a los engaños cometidos por los detenidos.
