El que fuera responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Estepona tras explotar el caso Astapa, Diego de Lucas, ha reconocido este lunes ante el tribunal que fue recomendado por el excomisario José Manuel Villarejo para ocupar el cargo.
De Lucas, que ha declarado en calidad de testigo, aseguró que fue recomendado por Villarejo al responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, y éste a su vez al alcalde, David Valadez, aunque matizó que «nunca» lo favoreció (a Villarejo).
Las defensas de los acusados han mantenido que la operación Astapa fue fruto de una estrategia del excomisario para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio, aunque el exjefe de Urbanismo niega que le favoreciese.
De Lucas sí ha reconocido que pasó información de urbanismo de Estepona al excomisario, pero siempre en su calidad de policía, y ha insistido en que desconocía sus intereses urbanísticos.
Durante su declaración ha explicado que él y Villarejo se conocieron cuando eran pequeños, pero que luego perdieron el contacto, aunque las familias lo mantuvieron y que cuando le recomendó recuperaron el contacto.
El juicio se ha reanudado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga con el bloque relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona.
La declaración del que fuera responsable de Urbanismo se fijó en un principio el pasado 10 de abril por videoconferencia, pero no fue posible la conexión y el Tribunal determinó que compareciera este lunes presencialmente.
Acerca del excomisario, Diego de Lucas le define como un hombre que «unos días me hablaba en un tono y otros en otro», y añadió que «le daba largas porque no entendía las conversaciones, y en muchas ocasiones no sabía ni de qué me hablaba porque mezclaba muchas cosas. Yo no sabía de sus intereses, no le hecho ningún favor», ha insistido.
En este segundo bloque hay catorce procesados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, el jefe de gabinete José Flores, el arquitecto municipal Arturo Manuel Cebrián y siete empresarios, entre otros.
Otro de los acusados en este bloque es el que fue concejal de Hacienda, Manuel Reina, del Partido Estepona (PES), que el pasado enero aceptó una pena de dos años y medio de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía y admitir algunos de los hechos por los que está procesado.
El juicio está dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, con objeto de agilizar este macroproceso.
