«Estepona quiere una Universidad Pública y no Privada»

La Plataforma Universidad Pública de Estepona, integrada por PSOE, IU, CCOO y PCE, ha presentado un escrito de alegaciones frente a la intención García Urbano de privatizar la futura universidad de la localidad

«Estepona quiere una Universidad Pública y no Privada», añadían los portavoces una vez más desde la Plataforma Universidad Pública de Estepona, integrada por PSOE, IU, CCOO y PCE, la cual se ha pronunciado, en este caso, a través de un escrito de alegaciones frente al acuerdo del alcalde García Urbano y su Junta de Gobierno Local para adjudicar de manera directa la concesión administrativa del Centro Cultural Padre Manuel, a título gratuito, a la Fundación Antonia Guerrero, de la que también es presidente José María García Urbano. Según la plataforma que defiende la Universidad Pública, el alcalde tiene intención de transmitirla a la mercantil Institución Internacional SEK SL, «dedicada a alquiler de bienes inmobiliario por cuenta propia, en un paraíso fiscal en Panamá».

Los portavoces de esta plataforma, Antonio Murcia y Emma Molina, han afirmado que la Fundación Antonia Guerrero, según la Carta de Intenciones firmada por el presidente García Urbano, pretendería entregar el importe de la venta de todo el patrimonio a esta empresa, a fin de instalar una Universidad Privada «contraviniendo el artículo 14 de sus Estatutos que indica que sus beneficiarios son los ciudadanos pobres de Estepona, con residencia en la localidad al menos cinco años».

En el Escrito de Alegaciones, la Plataforma advierte que García Urbano incurre en «incompatibilidad» al actuar simultáneamente como Presidente de la Fundación Antonia Guerrero y Alcalde; se hace referencia a que la Patrona de la Fundación Antonia Guerrero que firma la solicitud de concesión demanial del Centro Cultural Padre Manuel actuó «sin capacidad legal alguna» al encontrarse desde hace años jubilada como maestra; se denuncia que se pretende eliminar a los beneficiarios esteponaros pobres con residencia de cinco años por alumnos pudientes foráneos o no; y a la «inexistente» solicitud de Universidad Privada ni por parte del Ayuntamiento, ni por parte de la Fundación Antonia Guerrero.